El presidente Gustavo Petro habría tomado la decisión personal para no desagregar 13 billones de pesos para los gastos de importantes obras viales y de infraestructura dentro del Presupuesto General de la Nación.
El ejercicio de priorización que está imponiendo el presidente Gustavo Petro en obras viales y de infraestructura dejará sin recursos al Metro de Bogotá que este año no contará con los 776.000 millones de pesos que se aprobaron en el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) para la construcción de la primera línea de este proyecto de transporte masivo que, de hecho, ha tenido varios repararos del jefe de Estado por no diseñarse como él siempre ha querido.
De acuerdo con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, los recursos no se girarán este año para el metro de la capital porque, supuestamente, los trabajos están retrasados.
“Lo que hay que examinar es si lo que está previsto para este año debería entregarse, dado el nivel de retraso de la obra”, explicó el funcionario a Portafolio. Sin embargo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, refutó al ministro asegurando que la obra tiene un avance del 29,53 por ciento, lo que representa un retraso mínimo, teniendo en cuenta que, actualmente, debería estar en el 32 por ciento.
La decisión de no girar recursos para esta obra, así como de otras 107, se debe a que el gobierno no desagregó 13 billones de pesos para los gastos de estos proyectos de infraestructura dentro del Presupuesto General de la Nación, según información del portal Portafolio. Esta decisión tan radical de Petro genera una incertidumbre sobre la ejecución y financiación de los proyectos como quiera que se estructuraron bajo el compromiso de que tendrían un flujo de dinero dentro del Presupuesto General de la Nación de cada año.
Empezó la crisis
Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), alertó que la parálisis en varios programas de mantenimiento rutinario a cargo del Invías ya es una realidad.
Según el dirigente gremial, esta crisis ya ha dejado sin trabajo a 2600 microempresarios del sector; además, al no poder ratificarse las vigencias futuras fueron suspendidos procesos licitatorios de microempresas y administradores viales, cuyo monto para 2024 es de 267.000 millones de pesos.
“El Invías no puede sacar ninguna licitación pública para el mantenimiento periódico de carreteras nacionales no concesionadas porque no cuenta con los certificados de disponibilidad presupuestal para abrir las licitaciones”, aseguró Caicedo Ferrer.
En este orden de ideas, el presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura pidió que se expida con urgencia el decreto que desagrega los $13 billones que actualmente se encuentran en partidas globales y se dé un parte de tranquilidad con los compromisos adquiridos para garantizar la buena marcha de obras estratégicas para la conectividad. “En aras de superar la parálisis de proyectos vitales, es esencial honrar el compromiso soberano de las vigencias futuras ya asignadas a iniciativas como, por ejemplo, Mulaló-Loboguerrero”.
Ilegalidad
Expertos consultados por Portafolio coincidieron en afirmar que
las vigencias futuras no es un tema que se pueda tomar a la ligera ni obedeciendo a consideraciones personales ya que constituyen una prenda de garantía de cara a la confianza e incumplirlas le traería serias consecuencias al país.
“Los proyectos de Alianza Público Privada se financian con aportes patrimoniales y una deuda obtenida en los mercados de bonos o por la banca comercial de desarrollo”, dijo Juan Benavides, investigador asociado de Fedesarrollo en el sentido de que son promesas de pago que utilizan las concesiones para obtener financiación por parte de bancos y otras entidades, con miras a desarrollar las obras que les contratan.
Agregó que esas vigencias se definen en entidades como la Agencia Nacional de Infraestructura o Findeter, y quedan “amarradas” al Presupuesto General de la Nación, por lo que cambiar su destinación es ilegal pues no son de libre asignación.
