Para la Defensoría del Pueblo, el panorama de violencia en el país exige una respuesta inmediata y eficaz para proteger a los ciudadanos y restablecer la estabilidad en las regiones afectadas.
En el más reciente Boletín de Movilidad Humana Forzada, de la Defensoría del Pueblo, se evidenció un preocupante aumento en los eventos de desplazamiento forzado y riesgo de confinamiento en Colombia, impulsado por la continua presencia de actores armados ilegales en diversas regiones del país. Esta situación, caracterizada por la violencia y la inseguridad, está afectando gravemente a comunidades vulnerables y demandando una respuesta urgente y eficaz por parte de las autoridades.
Aumento de desplazamientos forzados
Durante julio de 2024, se registraron 18 eventos de movilidad humana forzada.Al menos 4 eventos de desplazamiento forzado masivo se presentaron en diferentes departamentos del país. En Cauca, el corregimiento del Sinaí y sus áreas circundantes experimentaron un incremento en la actividad de grupos armados ilegales, lo que llevó a la población a abandonar sus hogares en anticipación a enfrentamientos armados inminentes.
En Arauca, dos eventos destacados incluyeron el desplazamiento de aproximadamente 70 personas desde la Vereda al Progreso y Normandía hacia la Iglesia Shalom, y otro grupo de 64 personas que se refugiaron en un internado educativo. En Risaralda, la quema de una volqueta por actores armados ilegales en la vereda Agüita generó un clima de temor entre las comunidades indígenas locales, exacerbando el riesgo de desplazamiento.
Riesgos de desplazamiento y confinamiento
El informe también destaca 11 eventos de riesgo de desplazamiento o confinamiento en varias regiones del país. En Antioquia, la disputa entre grupos armados organizados como ELN, disidencias de las FARC y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) ha generado una grave amenaza de desplazamiento en el corregimiento de Puerto Claver y en 14 veredas aledañas.
En el departamento de Caquetá, la presencia del Frente Comandante Raúl Reyes de las FARC y la instalación de vallas publicitarias por parte de estos grupos, junto con homicidios selectivos, están incrementando el riesgo de desplazamiento forzado en Valparaíso.
Chocó enfrenta una crisis particular con seis eventos de riesgo. Las comunidades en Carmen del Darién están preocupadas por la presencia del ELN, mientras que en Bojayá, la retención de un jefe de la guardia indígena por el EGC ha generado tensión y riesgo de desplazamiento.
En Valle del Cauca, la confrontación entre grupos irregulares en Buenaventura ha intensificado el riesgo de desplazamiento masivo, especialmente para el resguardo indígena de Joaquincito.
Llamado urgente
La persistencia de estos eventos subraya la necesidad urgente de una respuesta coordinada y eficaz como quiera que las comunidades afectadas, ya de por sí vulnerables, enfrentan serios desafíos para ejercer plenamente sus derechos debido a la violencia y el control de economías ilícitas por parte de grupos armados. En ese sentido, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a las autoridades responsables de la política pública de atención a víctimas para que cuenten con las herramientas necesarias que garanticen una atención efectiva en el marco de las emergencias en curso. La implementación de estrategias adecuadas y el fortalecimiento de la presencia institucional son cruciales para mitigar el impacto de estos eventos y proporcionar asistencia adecuada a los desplazados y las comunidades en riesgo.
