Exasesor denunció que habría sido obligado a entregar parte de sus honorarios. Las imputaciones del afectado, que podrían configurar concusión, se suman a investigaciones similares contra otros congresistas y reabren el debate sobre el manejo de recursos públicos en el Congreso.
Una denuncia pública difundida en la red social X por el abogado Sergio Mesa puso bajo escrutinio el funcionamiento de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la senadora Berenice Bedoya, al señalar presuntos cobros indebidos a asesores, presiones laborales y la existencia de contratistas que figuraban en nómina sin desempeñar funciones reales.
Mesa afirmó que trabajó como asesor entre marzo de 2024 y diciembre de 2025 y que su permanencia en el cargo dependía de la entrega de un porcentaje del salario a familiares de la congresista. En su publicación señaló: “yo fui recomendado por la senadora (…) quien me condicionó a pagar $4 millones al entonces yerno (…) y luego $2,5 millones a su hija”.
El abogado explicó que aceptó inicialmente esas condiciones, pero que decidió suspender por razones éticas. “En noviembre de 2024 corté con esa situación, lo cual me estaba generando un conflicto de principios”, escribió. De acuerdo con su denuncia, tras negarse a continuar con los pagos, recibió llamadas para que entregara el cargo o modificara su forma de vinculación.
“Debía renunciar a mi contrato y ser nombrado en libre nombramiento y remoción (…) nunca cedí”, afirmó, sugiriendo que la presión buscaba dejar a la mano los elementos jurídicos para facilitar su salida del equipo de asesores de Berenice Bedoya.
Mesa también denunció la existencia de contratistas que figuraban en la nómina sin desempeñar funciones reales. “Las asistentes (…) eran ‘fantasmas’. Jamás las vi en reuniones virtuales y tampoco en Bogotá”, se lee en uno de los trinos, lo que, de comprobarse, podría constituir irregularidades fiscales por el uso de recursos públicos sin contraprestación efectiva.
Desde el punto de vista penal, los hechos descritos podrían encuadrarse en el delito de concusión, tipificado en el artículo 404 del Código Penal colombiano. Esta conducta se configura cuando un servidor público, abusando de su cargo, constriñe o induce a alguien a entregar dinero u otra utilidad indebida, con penas que oscilan entre 96 y 180 meses de prisión, además de multas e inhabilidad para ejercer funciones públicas.
Racero y Carreño: investigaciones por hechos similares
El caso se produce en un contexto de creciente escrutinio sobre prácticas irregulares en las UTL. La Corte Suprema de Justicia adelanta investigaciones contra los congresistas David Racero y Carlos Carreño por hechos similares relacionados con presuntos cobros a miembros de sus equipos de trabajo.
En estos procesos, el alto tribunal ha advertido que exigir pagos indebidos aprovechando la posición de autoridad podría configurar concusión. Los antecedentes recientes, refuerzan la preocupación institucional sobre el manejo de recursos públicos destinados al funcionamiento legislativo y evidencian la necesidad de controles más estrictos sobre la contratación de asesores.
Hasta el momento, la senadora Berenice Bedoya no se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones. Tampoco se conocen actuaciones formales de los órganos de control frente a esta denuncia. Sin embargo, la gravedad de los señalamientos reabre el debate sobre la transparencia en el Congreso y la responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal de los servidores públicos que administran recursos del Estado.
