El exmandatario ha sido acusado de los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal luego de que, tras dos intentos fallidos de preclusión, la Fiscalía General de la Nación decidiera que sí hay méritos para seguir adelante.
La audiencia preparatoria desarrollada en el juzgado 44 del circuito de conocimiento de Bogotá, puede ser considerada histórica no solo para el mundillo jurídico sino para todo el país, pues significa la primera vez que un expresidente se sienta en el banquillo de los acusados ante la justicia ordinaria.
Los líos judiciales en los que se encuentra envuelto el expresidente Álvaro Uribe, arrancaron con las denuncias que él mismo interpuso en contra del senador por el Pacto Histórico, Ivan Cepeda, quien según el exmandatario, estaría recorriendo cárceles en busca de testimonios que lo vincularan con el paramilitarismo.
No obstante, en lo que parece ser un giro de 180 grado en la mirada judicial, es ahora Uribe quien se enfrenta a los cargos de soborno a testigos y fraude procesal, debido a que uno de los testigos estrellas lo acusa de haberle ofrecido prebendas para cambiar su versión inicial. En este punto del desarrollo de los hechos y el proceso en sí, aparece la figura de Diego Cadena.
Cadena es importante en todo este asunto porque es la persona que supuestamente estaría ofreciendo interponer de acciones jurídicas ante autoridades judiciales con el fin de revisar la situación jurídica de uno de los testigos, exigiendo como contraprestación, incriminar a Cepeda.
El jurista, también habría ofrecido dádivas a la exfiscal Hilda Niño, para que testificara en contra de Eduardo Montealegre y Fernando Perdomo, concretamente, que los señalara de estar detrás de un entramado tendiente a vincular a Santiago Uribe Vélez con la conformación de grupos paramilitares.
Sobre este último asunto en concreto, el escrito de acusación recientemente conocido por la opinión pública señala que “Cadena Ramírez le prometió ‘dialogar’ con su mandante, para que le colaborara con la asignación de un cupo que requería para continuar su detención preventiva en la Escuela del Ejército donde el expresidente Uribe Vélez residía, y que, pese a una sentencia de tutela, ella aún no había podido lograr”.
Este caso, al que le empezó a correr el tiempo desde 2019 cuando Uribe rindió indagatoria en la Fiscalía, ha ido dando tumbos y giros, unos más dramáticos que otros, pero, siempre envuelto en la más enardecida discusión.
Precisamente, con el cambio de gobierno se dio el que es tal vez el giro más dramático: la Fiscalía General de la Nación cambió drásticamente de opinión, desestimando las peticiones de preclusión presentadas por el fiscal delegado Gabriel Ramón Jaimes.
Importante en este punto mencionar, que el último intento de preclusión del proceso fue rechazado en mayo del año pasado por la jueza 41 de conocimiento de Bogotá, Laura Barrera. La togado fue muy dura en los cuestionamientos al ente investigador, reclamando el poco empeño puesto por Javier Cárdenas, fiscal encargado de adelantar la investigación.
Por su parte, Uribe, quien siempre ha insistido en su inocencia, se refirió al asunto a través de un video colgado en su cuenta de X, donde cuestiona las pocas garantías judiciales que se le están dando en un asunto donde parece ser él el trofeo de quienes quieren verlo tras las rejas.
“Horas antes de empezar este juicio, repito ante mis compatriotas, a quienes nunca he engañado, que jamás tomé la iniciativa de buscar un testigo. En el derecho irrenunciable de defender mi honra pedí verificar múltiples informaciones sobre ofertas de beneficios a reclusos”, dijo Uribe.
Igualmente, explicó que hoy está atravesando un difícil momento por cuenta del carácter débil de algunos funcionarios judiciales. “Todo esto empezó por unos administradores de justicia, desconocedores u opuestos a mi carrera pública, influenciados por la caricatura que exponen mis adversarios. Operadores de justicia que ignoran o desconocen mi sentido de Honor Patrio”, aseguró el expresidente.
Finalmente, importante anotar que en horas de la tarde de este viernes 17 de mayo, Jaime Granados, abogado defensor del expresidente, solicitó que se declarara nulidad de todo lo actuado, con lo que ponen en suspenso el proceso que juega tiempo extras en términos de prescripción.
