El rompimiento de un dique afecta la seguridad de quienes viven en los 11 municipios que conforman esta región en el norte de Colombia.
Alrededor de 40.000 familias que habitan en La Mojana, subregión que se extiende a los departamentos de Sucre, Bolívar, Córdoba y Antioquia, serán beneficiadas por una decisión del Tribunal de Cundinamarca que le ordena al gobierno nacional que proteja y haga cumplir los derechos de estas comunidades damnificadas por el rompimiento del dique conocido como Caregato, en agosto del 2021, en San Jacinto del Cauca (Bolívar).
Lo ordenado por el Tribunal obliga a los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Agricultura y Desarrollo Rural, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Fondo de Adaptación a implementar de inmediato las fases de respuesta a la emergencia, de acuerdo con sus competencias, disponiendo de los recursos necesarios para tal fin.
Gestión de la Defensoría
La decisión del Tribunal de Cundinamarca se dio como respuesta a la acción popular interpuesta por la Defensoría del Pueblo a mediados del 2023, considerando que las comunidades siguen sin garantías y el riesgo de una nueva inundación es inminente.
“El órgano judicial determinó que, en el término de un mes, bajo la coordinación de nosotros como Defensoría del Pueblo, entidades gubernamentales del orden nacional y local deberán realizar una mesa de trabajo para revisar integralmente la situación actual de la subregión», indicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Desde que se presentó el rompimiento del dique la entidad le ha hecho seguimiento a la vulneración de los derechos fundamentales de quienes viven en los 11 municipios que conforman La Mojana; por eso, a partir de lo evidenciado y de notar la insuficiente respuesta estatal, se instauró la acción popular.
“Las entidades estatales informadas en la acción popular deberán actualizar el censo de las personas y familias damnificadas, así como su caracterización, y adelantar los estudios de prefactibilidad y recuperación de obras del dragado para que sea disminuida la presión y velocidad de la corriente del agua”, aseguró Camargo Assis.
El recurso constitucional interpuesto por la Defensoría, adicionalmente, tiene como finalidad que sean implementados planes que permitan la conservación de un medioambiente sano, la prevención de desastres previsibles, la conservación de las especies y el equilibrio ecológico del ecosistema, dados los graves riesgos que se detectaron por la falta de previsión y acción adecuada de la administración nacional.
