El presidente de Fedetranscarga, cuestionó el Decreto 572 de 2025, que incrementa en más de 200 % la retención en la fuente para el sector transporte. Advirtió sobre impactos negativos en el empleo, la inversión y la estabilidad jurídica del país.
El presidente de la Federación de Empresarios del Transporte de Carga, Fedetranscarga, Arnulfo Cuervo Aguilera, lanzó una dura crítica contra el Decreto 572 de 2025, expedido recientemente por el Gobierno Nacional, el cual incrementa significativamente la base y el monto de la retención en la fuente para el sector transporte y otras actividades productivas.
De acuerdo con Cuervo Aguilera, la nueva normatividad representa un incremento desproporcionado del 218 % en la retención, lo que, sumado a la reciente reforma laboral, eleva los costos operativos del sector en hasta un 25 %.
“Esto afecta directamente la liquidez de las empresas, pone en riesgo empleos, y dificulta el cumplimiento de obligaciones con proveedores y el sistema financiero”, advirtió.
El líder gremial también cuestionó la efectividad del sistema de devoluciones de saldos a favor, que según cifras del propio gremio disminuyó un 23,4 % en 2024, lo que genera desconfianza sobre la posibilidad de recuperar los recursos retenidos en exceso. “Seguramente no serán devueltos. Es un golpe directo a las finanzas del sector productivo”, señaló.
Fedetranscarga indicó que esta medida se justifica en un supuesto aumento del recaudo, que según proyecciones oficiales sería de alrededor de 14 billones de pesos, pese a que la deuda pública del país creció un 20 % en el último año, alcanzando los 179 billones de pesos.
Cuervo sostiene que “la economía colombiana no presenta un crecimiento que justifique estas cargas fiscales”, recordando que en 2023 el crecimiento fue de apenas 0,6 %, y en el primer trimestre de 2024 solo alcanzó un 1,7 %.
Además, el dirigente gremial hizo un fuerte llamado de atención sobre la seguridad jurídica en Colombia.
“No es posible que a mitad de año se cambien arbitrariamente las reglas del juego. Esto desincentiva la inversión y genera incertidumbre en el tejido empresarial”, expresó.
Otro de los puntos críticos es la falta de diálogo con el sector productivo. Cuervo Aguilera denunció que el decreto fue expedido sin consulta previa con los gremios, lo que evidencia —según dijo— una desconexión del Gobierno con la realidad de las empresas que mueven la economía nacional.
“El aparato productivo está siendo asfixiado por una cascada de medidas que no responden a criterios técnicos, sino a decisiones improvisadas y unilaterales”, concluyó.
La federación anunció que buscará espacios de concertación con el Gobierno para revisar esta normativa y evaluar posibles acciones jurídicas y gremiales, con el objetivo de proteger la sostenibilidad de un sector clave para la economía nacional.
