Un estudio revelado por el ente de control concluye que con una deuda acumulada de $2.7 billones a empresas prestadoras y déficits que superan los $112 billones en el Fondo de Estabilización de Precios, el sistema amenaza tanto la seguridad energética como el acceso de los más vulnerables a servicios básicos.
La Contraloría General de la República, presentó los resultados de un estudio sectorial sobre subsidios energéticos que evidencia serias deficiencias en su funcionamiento durante la última década.
El informe, elaborado por la Contraloría delegada de Minas y Energía, concluye que estos subsidios no han logrado mejorar la calidad del servicio ni ampliar su cobertura, mientras generan una presión creciente sobre las finanzas públicas.
En un foro sobre el tema, el contralor, Carlos Hernán Rodríguez Becerra identificó cuatro problemas estructurales que comprometen la eficacia del sistema: inadecuada focalización, insostenibilidad fiscal, controles insuficientes y ausencia de medición de impacto.
» Es fundamental que el Ministerio de Minas y Energía, agilice la ejecución de las acciones correctivas identificadas en la gestión de subsidios y asegure que las acciones de mejora pendientes se lleven a cabo de manera puntual”, apremió el jefe de la entidad de control.
La situación más crítica se refleja en la deuda acumulada por subsidios, que a diciembre de 2024 alcanzaba $2,7 billones, afectando directamente a las empresas prestadoras. Esta mora, según el estudio, podría derivar en aumentos tarifarios de hasta el 100% que impactarían especialmente a los estratos 1, 2 y 3, comprometiendo su acceso a este servicio básico.
Uno de los casos más graves, precisa el contralor, es el departamento de Boyacá, donde 15 municipios enfrentan la suspensión del servicio de gas debido a las dificultades económicas de Enercer.
Rodríguez Becerra anotó que entre 2014 y 2024, los fondos destinados a subsidios crecieron un 44%, gestionando $25.3 billones para subsidios eléctricos y $2.43 billones para zonas no interconectadas. No obstante, este dinero parece estar yendo a otros destinos, pues, auditorías de la Contraloría revelaron irregularidades fiscales superiores a $190 mil millones.
Finalmente, para hacerle frente a esta situación de la mayor gravedad, propone implementar el Registro Universal de Ingresos para mejorar la focalización, fortalecer el Sistema Único de Información y garantizar una ejecución anual adecuada de los recursos. «La seguridad energética del país está en riesgo si no se toman decisiones oportunas», concluyó el contralor.
