Secretaria general del Fondo Nacional del Ahorro será investigada por irregularidades en adjudicación de contrato

La funcionaria habría manipulado el proceso de contratación para favorecer al proponente que resultó favorecido.

Sandra Milena Burgos Beltrán, secretaria general del Fondo Nacional del Ahorro, será investigada por la Procuraduría por supuestas irregularidades en el proceso de adjudicación de un contrato. Según la denuncia, Burgos Beltrán habría incluido requisitos habilitantes que aparentemente favorecieron a un proponente específico, excluyendo a otros candidatos y comprometiendo la transparencia del proceso.

El Ministerio Público señaló que la funcionaria podría haber participado en las etapas precontractual y contractual del proceso de manera que perjudicó el patrimonio público. La investigación se centrará en determinar si los estudios del sector justificaban la viabilidad jurídica y financiera del contrato en cuestión.

La Procuraduría advirtió que Burgos Beltrán pudo haber utilizado una modalidad de selección inapropiada para los bienes involucrados, que tienen características técnicas uniformes y son de uso común. Este proceder podría haber impedido que la entidad lograra una reducción de costos mediante una subasta inversa, una herramienta clave para optimizar el gasto en contratos de este tipo.

La investigación también revisará si el proceso de evaluación del contrato se realizó de acuerdo con los documentos definitivos y si el comité evaluador actuó con objetividad. Se examinarán los índices utilizados para determinar si eran desproporcionados y excluyeron a un mayor número de oferentes potenciales.

Con el avance de esta etapa procesal y la solicitud de pruebas por parte del ente de control, se busca verificar la ocurrencia de los hechos denunciados, establecer si constituyen una falta disciplinaria y determinar si la secretaria general del Fondo Nacional del Ahorro actuó bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad. Esta investigación pretende garantizar la integridad del proceso de contratación y asegurar que los procedimientos se ajusten a los principios de transparencia y equidad.