La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), dejó al descubierto los muchos errores cometidos por el quipo auditor del ente de control fiscal al momento de convertir las operaciones económicas en asientos contables, hecho que afectó el resultado final.
El pasado jueves 11 de abril, se llevó a cabo una reunión entre los miembros del equipo auditor de la Contraloría General de la República y representantes de todas las EPS que prestan sus servicios en el país para hablar respecto del informe liberado por el ente de control el lunes 8 de abril.
Los resultados o conclusiones del documento, encendieron las alarmas, pues, daban cuenta de un presunto detrimento patrimonial por encima de los 9 billones de pesos. Este hecho fue el motivo principal para que desde la Fiscalía se anunciara una investigación tendiente a determinar las responsabilidades individuales de tal desfalco.
Ana María Vesga, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), puso sobre la mesa un ‘contrainforme’ realizado por la institución a la que representa, donde evidencia falencias de tipo técnico en el análisis de la información.
“Cuando se advierte que es una cifra de 9 billones no deja de alarmar porque equivale más o menos al 20% del presupuesto de la salud para ese año. Entonces, empezamos a hacer un análisis juicioso del PowerPoint porque en realidad no había un informe de la Contraloría y encontramos temas alarmantes en términos de forma y de fondo”, explicó Vesga en una entrevista radial.
Haciendo claridad sobre este asunto, precisó que los miembros del equipo auditor de la Contraloría habrían interpretado y codificado erróneamente las actividades económicas registradas en los asientos contables.
“Dos ejemplos, el ente de control tenía que las EPS hicieron gastos en carnetización, pues, la pregunta natural es cómo así que gastaron plata en eso si los carnets ya no existen, pero en sí, la cuenta correcta se trata de ingresos de las EPS por desviación de pacientes por alto costo”, anotó la dirigente gremial, quien ha estado al frente de esta situación desde el primer momento.
Finalmente, desmintió que en el archivo documental auscultado por el ente de control fiscal hubiera evidencia de la compra de bienes inmuebles y otros elementos prohibidos por la ley.
“[incluyeron en su análisis] más de 20 cuentas donde se alteran los conceptos y los valores (…) Ese plan de cuentas se va actualizando todos los años y los números y conceptos guardan correspondencia, entonces cuando ellos hacen ese cruce de información contra la DIAN, IPS, etc, se levantan unas alertas y ellos generan un informe, pero cuando vamos al detalle son cuentas que están asociadas a lo que hacen las EPS que es atender la salud de la población”, puntualizó Ana María Vesga.
