La defensora de derechos humanos, Norma Vera Salazar, denunció los casos en redes sociales, mientras crece la preocupación por la disputa entre bandas criminales, la escasez de servicios básicos y la ausencia de una respuesta estatal efectiva.
En menos de 48 horas, cinco personas fueron asesinadas en distintos barrios de Santa Marta, en un nuevo episodio de violencia que ha reavivado el debate sobre el colapso del orden público en la capital del Magdalena. La denuncia fue realizada por la defensora de derechos humanos, Norma Vera Salazar, quien a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter) alertó sobre el incremento de homicidios en medio de una profunda crisis social.
Las víctimas incluyen a un menor de edad, un vendedor ambulante y un hombre asesinado mientras recogía agua en una zona sin servicio de acueducto. Este último caso, según la defensora de derechos humanos, evidencia la crudeza del abandono estatal en sectores donde escasean los servicios públicos y la violencia se ha vuelto parte de la rutina.
“Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata”, escribió Vera Salazar citando a Galeano, en un mensaje que resume el sentimiento de impotencia de muchas comunidades que conviven con la criminalidad y el olvido.
Aunque las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial detallado, organizaciones sociales y personajes como Norma Vera advierten que la violencia en Santa Marta no es un fenómeno aislado, sino el resultado de un deterioro progresivo del control territorial por parte del Estado.
Barrios enteros, como La Paz, Once de Noviembre, Timayui, María Eugenia o Bastidas, padecen una creciente presencia de estructuras armadas ilegales y pandillas juveniles, muchas de las cuales estarían articuladas a economías ilícitas y redes de microtráfico. Según Insight Crime, grupos como Los Pachenca y el Clan del Golfo continúan disputándose el dominio de rutas de narcotráfico y extorsión, con epicentro en zonas estratégicas del puerto de Santa Marta y áreas periféricas.
Esta confrontación ha derivado en enfrentamientos armados, amenazas, desplazamientos forzados y homicidios selectivos. Además, la falta de oportunidades, el desempleo juvenil y la ausencia de una política integral de seguridad ciudadana, explica la activista “han dejado a la población expuesta a múltiples formas de violencia cotidiana”.
A renglón seguido, Norma Vera señala sin ambigüedades que problemáticas irresolutas como la escasez de agua potable y la precariedad en salud, educación y vivienda, actúan como factores de vulnerabilidad que potencian el accionar de los grupos ilegales y reducen la capacidad de resistencia comunitaria, como quedó demostrado en el caso del menor en María Eugenia, quien contra la voluntad de sus familiares quería ingresar a las filas de una organización narcoparamilitar.
Mientras la ciudad enfrenta esta crisis, la ciudadanía reclama no solo justicia para las víctimas de esta reciente oleada de asesinatos, sino también una intervención estructural del Estado. Finalmente, en este complejo contexto, Vera critica que los hechos siempre queden en investigación, al tiempo que se pregunta: “¿hasta cuándo la vida en los barrios populares de Santa Marta seguirá siendo una cifra sin rostro?”.
