El Ministerio Público demostró en el desarrollo del proceso que los encartados desatendieron los protocolos institucionales para tales fines, propiciando la revictimización y poniendo en peligro a la comunidad universitaria.
A través de un comunicado de prensa, la Procuraduría General de la Nación informó que impuso en primera instancia una sanción de tres meses de suspensión en contra de tres exdirectivos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, tras comprobarse omisiones graves en la atención y protección de estudiantes víctimas de violencia de género.
Las medidas disciplinarias convertidas en multa, recaen sobre Ricardo García Duarte, exrector; Cecilia Rincón Verdugo, exdecana de la Facultad de Ciencias y Educación; y Tito Ernesto Gutiérrez Daza, exdirector de Bienestar Institucional.
Según la decisión de la Procuradora Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 1, los exfuncionarios no implementaron ni activaron la ruta de atención integral para mujeres miembros de la comunidad universitaria, pese a las denuncias presentadas contra el profesor Carlos Antonio Julio Arrieta por presuntos actos de violencia de género.
El proceso disciplinario documentó que Tito Ernesto Gutiérrez Daza omitió la prestación del servicio a su cargo, al no adelantar acciones para la protección y restitución de derechos de las estudiantes afectadas. Además, ignoró una denuncia formal radicada el 23 de septiembre de 2019 por Andrés Mateo Quevedo y Juan Pablo Ocampo Gamboa.
Por su parte, la exdecana Cecilia Rincón Verdugo fue sancionada por retardar la tramitación de la actuación disciplinaria originada en faltas gravísimas cometidas por servidores públicos, mientras que el exrector Ricardo García Duarte no adoptó medidas administrativas de protección en los casos de violencias basadas en género y violencias sexuales, incumpliendo con la obligación de garantizar la atención y seguridad de la comunidad universitaria.
Finalmente, la Procuraduría concluyó que estas omisiones constituyeron violencia institucional, al desconocer la finalidad de los protocolos y obstaculizar la garantía de derechos de las víctimas. Hasta el momento se desconoce si los exfuncionarios recurrirán la decisión.
