En 2012, Gustavo Petro dio instrucciones de no construir la segunda fase de Chingaza, el principal embalse de agua potable de la capital del país.
La crisis por el racionamiento de agua que ahora atraviesa la ciudad de Bogotá es una mala herencia que dejó Gustavo Petro cuando fue alcalde, en el 2012. Así lo afirmó Luis Guillermo Vélez Cabrera, exsuperintendente de Sociedades y exsecretario de la Presidencia, en su más reciente columna de opinión titulada Chingaza II para el periódico La República.
“El alcalde Galán no tiene la culpa de lo que está ocurriendo. Hace lo mejor que puede para administrar una grave situación que heredó”, escribió el columnista.
Recordó que el 2 de junio de 2012 el entonces gerente del acueducto de Bogotá, Diego Bravo, anunció que Gustavo Petro había dado la orden de no construir la segunda fase del embalse Chingaza que provee de agua potable a casi el 80 % de la población bogotana, anteponiendo así sus “caprichos ideológicos” a la obligación de garantizar la seguridad hídrica de la ciudadanía.
“Tanto El Niño como el aumento del consumo eran dos situaciones predecibles. La ampliación de Chingaza (en papeles desde finales del noventa) buscaba precisamente garantizar la seguridad hídrica de la ciudad en estos dos eventos. Y dicha obra, con ritual arhuaco y todo, fue pomposamente enterrada por los caprichos ideológicos del alcalde del momento, instrumentalizados por sus incompetentes facilitadores”.
Mezquino y destructor
En su columna, Vélez Cabrera califica al presidente Gustavo Petro como un hombre mezquino y destructor que, así como llevó las riendas de la capital de la República en ese entonces, está conduciendo al país hacia la destrucción.
“Lamentablemente, el episodio de Chingaza II no será aislado. Será, más bien, el patrón al cual deberemos atenernos en los próximos años. Las mezquindades de Petro, derivadas de sus resentimientos, nos van a salir muy costosas. En algunos casos los daños los veremos rápido”, cuestionó el exsuperintendente de Sociedades.
En ese sentido, se refirió a la intervención, a su juicio ilegal, de las EPS Sanitas y Nueva EPS, lo cual ocasionaría la muerte de millones de colombianos, así como al marchitamiento del sector de hidrocarburos prohibiendo la exploración de nuevas reservas de gas y petróleo, lo que pone en riesgo la autonomía del país. También sacó a colación el impacto negativo de la tributación exorbitante a las empresas y el deterioro de la seguridad.
“Algunas de estas bombas de relojería explotarán en décadas, como la crisis pensional. Lo importante por ahora es contener las actuaciones destructivas del primer mandatario. Luego debemos fijar las culpas correspondientes. La única manera de que el proceso de tierra arrasada que estamos padeciendo no se repita -o se glorifique por sus gestores- es determinar cómo, cuándo y cuál fue el daño causado y quienes fueron sus responsables”.
Lea la columna de opinión aquí:https://www.larepublica.co/analisis/luis-guillermo-velez-cabrera-402232/chingaza-ii-3837623
