La senadora y aspirante presidencial plantea un modelo penitenciario enfocado en la seguridad, la resocialización con responsabilidad y el fin del hacinamiento, con una fuerte crítica al actual desgobierno en las cárceles del país.
La senadora María Fernanda Cabal, una de las principales voces de oposición al gobierno de Gustavo Petro y aspirante a la Presidencia en 2026, presentó una ambiciosa propuesta de reforma al sistema carcelario y penitenciario en Colombia. Su planteamiento, titulado “Seguridad con justicia: cárceles que transforman, no que reproducen el crimen”, parte de una premisa tajante: “Colombia no puede seguir premiando al delincuente y castigando al ciudadano de bien”.
Con un tono directo y desafiante, Cabal lanzó la propuesta como parte de su agenda de seguridad, afirmando que no se trata de promesas de campaña, sino de compromisos concretos. “Yo no prometo, yo me comprometo”, recalcó, anunciando cinco ejes para transformar el sistema penitenciario colombiano, que hoy –según ella– es símbolo de impunidad, abandono estatal, corrupción y reproducción del delito.
Cárceles con dignidad y enfoque regional
Uno de los principales componentes de su propuesta es la construcción de nuevas cárceles de alta seguridad y centros especializados con enfoque regional. Estas infraestructuras se desarrollarían a través de alianzas público-privadas (APP), buscando aliviar el gasto estatal y garantizar condiciones mínimas de habitabilidad.
Cabal propone segmentar las cárceles por tipo de delito y perfil del condenado, lo que permitiría reducir el hacinamiento –que en algunos centros supera el 150%– y controlar de forma más eficaz los riesgos internos, incluyendo el control de bandas criminales desde el interior.
Reforma de fondo al INPEC y fin del desgobierno
En un mensaje que apunta directamente al corazón del sistema penitenciario actual, la senadora denunció la existencia de más de 80 sindicatos dentro del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), a los que acusa de frenar la disciplina, el control y la modernización.
“Se acabará el poder de los sindicatos del INPEC”, sentenció Cabal, proponiendo un modelo mixto en el que el Estado conserve la soberanía penal, pero delegue la operación técnica a operadores privados certificados bajo estándares internacionales.
Trabajo obligatorio y reparación de víctimas
Uno de los puntos más controvertidos de la propuesta es el establecimiento de trabajo obligatorio y productivo para los reclusos. Según Cabal, “el reo no será más un huésped del Estado”, y deberá cubrir con su trabajo parte de los costos de manutención y reparación a las víctimas. Además, se implementarán rutas de formación laboral certificada para facilitar la reintegración social de quienes hayan cumplido su condena.
Este enfoque se alinea con una visión de justicia restaurativa con responsabilidad, donde el castigo va acompañado de exigencias concretas, tanto para la víctima como para la sociedad.
Penas sustitutivas con vigilancia estricta
Para los delitos menores, la senadora plantea regímenes penales alternativos, con aplicación de penas sustitutivas bajo condiciones estrictas de reparación, seguimiento judicial y vigilancia continua.
No obstante, aclara que “la cárcel será prioritaria para reincidentes, crímenes graves o conductas de alto riesgo social”, enfatizando su postura de mano firme frente a los delitos que generan mayor impacto en la seguridad ciudadana.
Una apuesta por la justicia y la transformación social
El modelo que propone Cabal busca romper con la idea de que las cárceles son “universidades del crimen” y convertirlas en espacios de exigencia, disciplina y transformación.
“El sistema penitenciario será un eslabón fuerte en la cadena de justicia, no el eslabón roto que hoy permite la impunidad”, afirmó la senadora, apuntando a un rediseño integral del sistema que combine justicia efectiva, rehabilitación y prevención del delito.
Contexto político y proyección electoral
La propuesta llega en un momento clave del debate público sobre seguridad en Colombia, marcado por el recrudecimiento de la violencia en varias regiones del país, el debilitamiento de la política de «paz total» del gobierno Petro, y un aumento en la percepción de inseguridad urbana.
Cabal, conocida por su discurso frontal, ha sabido capitalizar este ambiente para posicionarse como una de las figuras más fuertes del uribismo y del sector que exige mayor autoridad y orden en la gestión del Estado.
En el panorama electoral de 2026, esta iniciativa podría consolidar su perfil como la candidata del “orden con autoridad”, en contraste con las propuestas más garantistas del gobierno actual. Además, el planteamiento de una alianza público-privada y de un modelo mixto de administración carcelaria revela su intención de atraer sectores empresariales y técnicos al debate sobre seguridad, más allá del espectro político tradicional.
Con esta reforma penitenciaria, Cabal no solo busca responder al clamor social por mayor seguridad, sino también posicionarse como la arquitecta de un nuevo modelo de justicia eficaz y sin concesiones. Su propuesta, sin duda, marcará parte de la agenda política en los próximos meses y obligará a sus contendores a pronunciarse sobre un sistema carcelario que, como ella lo describe, “ha sido durante años una vergüenza nacional”.
