La contratación de este servicio se ha visto retrasada por los trámites burocráticos que deben surtirse para aprobar y financiar proyectos y programas con dinero de regalías. El ente de control pide al alcalde celeridad.
A través de una nota de prensa, la Procuraduría General de la Nación alertó sobre las consecuencias negativas derivadas de la suspensión del servicio de transporte desde el inicio del mes de abril y que afecta a 25 instituciones educativas del departamento de Arauca, siendo la capital la más afectada.
Teniendo en cuenta el duro panorama, la Procuraduría Regional de Instrucción urgió al alcalde del municipio de Arauca, Juan Alfredo Quenza Ramos, a agilizar el restablecimiento del servicio de transporte, teniendo en cuenta que deja por fuera de las aulas a un poco más de 4.103 estudiantes del área urbana que dependen de este servicio.
Según informó el Ministerio Público, la suspensión se debe a trámites presupuestales relacionados con recursos provenientes de regalías. Esta situación no solo afecta a estudiantes de la capital del departamento de Arauca, sino también de municipios aledaños que requieren soluciones inmediatas.
El órgano de control enfatizó en la importancia de garantizar condiciones que permitan el acceso de los estudiantes a las instituciones educativas y su permanencia durante el calendario escolar, igualmente, solicitó a las autoridades locales información sobre las medidas adoptadas para enfrentar esta eventualidad y los planes futuros para evitar situaciones similares.
En su comunicado, el Ministerio Público reiteró a las entidades territoriales la necesidad de ejecutar oportunamente los recursos presupuestales para la vigencia 2025 y evitar percances que afecten el derecho fundamental a la educación.
Finalmente, hizo un llamado vehemente a las administraciones territoriales a apropiar y reservar los recursos necesarios para cumplir con el programa de transporte escolar y así evitar con la deserción escolar. Mientras se resuelven los trámites administrativos, los estudiantes afectados continúan sin acceso al servicio de transporte que les permite asistir a sus centros educativos.
