De acuerdo con el organismo de control, los esfuerzos del gobierno deberían enfocarse en garantizar el ejercicio efectivo de los derechos contenidos en la Constitución. Además, asegura que la multiplicidad de organizaciones podrían rebasar las capacidades de atención de las instituciones del Estado.
El proyecto de decreto publicado recientemente por el Ministerio de Agricultura y que busca promover la movilización campesina en defensa de la reforma agraria sigue generando inconformismo en varios sectores tanto públicos como privados.
A las críticas lanzadas desde la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), ahora se suman las de la Procuraduría General de la Nación, entidad que a través de un documento firmado por Margarita Cabello Blanco, cuestionó duramente el objetivo de dicho decreto.
De acuerdo con el ente de control, no tiene sentido que el gobierno nacional promueva organizaciones y movilizaciones para defensa de la reforma agraria, pues, hasta el momento, como lo ha puesto de presente Fedegán, los propietarios de la tierra han demostrado voluntad para que esta iniciativa llegue a feliz término.
La Procuraduría no ve con buenos ojos que desde el gobierno se expidan decretos “llamando a la movilización y organización campesina”, pues, en la misma normativa no quedan suficientemente claros los argumentos que motivan tales eventos, asimismo, que es confuso, habida cuenta de las muchas organizaciones existentes en el país, que se justifique la creación de comités municipales para propiciar la “democracia participativa directa del campesinado en la defensa de la reforma agraria”.
Más adelante, el órgano de control asegura que el proyecto está orientado a dinamizar la agremiación campesina, pero no hace referencia a los preceptos constitucionales que regulan y establecen la libertad de asociación en el país.
“Para la Procuraduría es alarmante la expedición de un decreto que excede la potestad reglamentaria del Ejecutivo, al regular, para un sector específico de la Nación, unos derechos cuya naturaleza implica su ejercicio autónomo y respecto a los cuales la función del Estado se limita a garantizar su ejercicio”, se lee en uno de los apartes del documento.
En ese sentido, desde la entidad le hacen un llamado al gobierno nacional para que ejecute las acciones institucionales necesarias y suficientes para garantizar la protección real de los derechos fundamentales del campesinado colombiano, reconocido recientemente como sujeto de especial protección
Finalmente, asegura que este tipo de propuestas podrían ser contraproducentes, ya que en un momento dado, las dinámicas propias de las organizaciones sociales podrían rebasar la capacidad de reacción de las instituciones del Estado.
