Procuraduría confirma inhabilidad de Juan Carlos Upegui y pide pérdida de su investidura

De acuerdo con varias denuncias, el ahora concejal no podía inscribirse a cargos de elección popular ya que se encontraba inhabilitado debido a que su papá fungía como rector de una institución pública.

En medio de las investigaciones en contra del concejal de Medellín, Juan Carlos Upegui Vanegas, por presunta inhabilidad, la Procuraduría le pidió al Tribunal Administrativo de Antioquia que decrete la pérdida de su investidura.

“Con fundamento en las consideraciones que se han dejado plasmadas, esta Procuraduría Judicial, actuando en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, y de los derechos y garantías fundamentales, le solicita respetuosamente a la Honorable Sala, acceder a la pretensión de declaratoria de pérdida de investidura del señor, concejal Juan Carlos Upegui Vanegas del Distrito de Medellín, salvo mejor criterio del Honorable Tribunal”, emitió el Ministerio Público.

Upegui Vanegas, quien fue mano derecha del exalcalde Daniel Quintero, se convirtió en concejal por el estatuto de oposición tras quedar de segundo en las elecciones de 2023 por la Alcaldía de Medellín.

Inhabilidad

De acuerdo con cinco denuncias que hacen trámite en el Tribunal Administrativo de Antioquia, Juan Carlos Upegui no podía inscribirse a cargos de elección popular ya que se encontraba inhabilitado debido a que su papá, Carlos Alberto Upegui Mejía, fungía como rector encargado de la Institución Educativa San Lorenzo de Aburrá de la capital antioqueña cuando el ahora cuestionado concejal registró oficialmente su nombre con el fin de convertirse en alcalde.

“Se tiene que durante el periodo que ejerció el señor Carlos Alberto Upegui Mejía como rector de la citada institución educativa suscribió contratos, en consecuencia, ordenó el gasto y ejerció funciones que son inherentes al cargo de directivo docente, de acuerdo con el acervo probatorio allegado, en especial los reportes de contratación correspondientes a los meses de agosto y septiembre de 2023”, se lee en el documento enviado por la Procuraduría al tribunal antioqueño, recordando que, según la ley, está prohibido participar de cargos públicos como el Concejo o la Alcaldía, mientras tenga a familiares ejerciendo como autoridades civiles, políticas, administrativas o militares.