Para esta jornada electoral aumentó 39 % el número de municipios en riesgo en comparación con hace cuatro años. Bogotá está sitiada por grupos armados ilegales.
Un total de 399 municipios en Colombia se encuentran en riesgo extremo y alto de que ocurran hechos de violencia que afecten el proceso electoral que terminará el próximo 29 de octubre con la jornada de votación de gobernadores, alcaldes, diputados y concejales.
“Hemos emitido esta Alerta Temprana Electoral para que el Estado y toda la institucionalidad puedan prevenir escenarios de riesgo y conductas que vulneren los derechos a la vida, libertad e integridad de las comunidades”, explicó Carlos Camargo Assis, defensor del Pueblo.
Riesgo extremo
De acuerdo con la alerta de la Defensoría, 113 municipios en 16 departamentos están en riesgo extremo: Nariño (17 municipios), Norte de Santander (16), Chocó (15), Cauca (13), Bolívar (9), Antioquia y Caquetá (7 cada uno), Arauca y Huila (6 cada uno), Meta (5), Cesar, Putumayo y Valle del Cauca (3 cada uno) y Casanare, Guaviare y Santander (un municipio cada uno).
En cuanto a ciudades, las que presentan riesgo extremo son Arauca (Arauca), Florencia (Caquetá), Quibdó (Chocó), Neiva (Huila), Cúcuta (Norte de Santander) y Bogotá (cuatro localidades: Usme, Kennedy, Ciudad Bolívar y Sumapaz).
Riesgo alto
Alerta Temprana Electoral de la Defensoría del Pueblo también identificó que 286 municipios están en riesgo alto, 184 en medio y 93 en bajo, que sumado con lo de riesgo extremo, representan 676 municipios advertidos en 2023. Para estas elecciones aumentó 39%
el número de municipios en riesgo en comparación con los comicios regionales de octubre del 2019, es decir, 274 municipios más.
Vea aquí el informe de Alerta Temprana Electoral:
Fuentes de amenazas
El monitoreo del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo estableció que los grupos armados ilegales son la principal fuente de amenaza para las comunidades y las elecciones.
Entre los más relevantes están las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo), la guerrilla del ELN, las disidencias de las Farc y los grupos del crimen organizado.
Todos estos grupos se han expandido el 56 % en las regiones del país y diversificado sus fuentes de financiación ilegal.
Llamado al gobierno
Ante la complejidad de la situación, la Defensoría del Pueblo le pidió al presidente Gustavo Petro que haya una presencia estatal efectiva en el territorio nacional, que se establezcan reglas claras en los diálogos bilaterales con los grupos armados organizados al margen de la ley y, finalmente, haya celeridad en la ejecución de los planes de acción de política pública de prevención y de protección.
“Desde la Defensoría del Pueblo consideramos que la situación es compleja, por eso extendemos nuestro llamado al presidente de la República, Gustavo Petro, para que presida la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, Ciprat. El propósito es que, junto con las cabezas de las entidades a las que les formulamos recomendaciones, implemente acciones rápidas y efectivas para que sean garantizados los derechos de las comunidades”, solicitó el defensor del Pueblo.
Alerta en Bogotá
La Defensoría del Pueblo señaló que cuatro localidades de la ciudad de Bogotá están en alerta extrema; se trata de Kennedy, Ciudad Bolívar, Usme y Sumapaz en donde las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo), el ELN, el Estado Mayor Central de las Farc, al mando de Iván Mordisco, y la Segunda Marquetalia encabezada por Iván Márquez, han tomado el control y ejercen su actuar delictivo en contra de las comunidades que a diario sufren flagelos como asesinatos, amenazas y extorsiones, entre otros,
En la alerta temprana también se registra la presencia de otros grupos criminales locales como Los paisas, Los boyacos, Los Pascuales y Los niches, así como actores transnacionales como el Tren de Aragua que están sembrando el terror en esas y otras 12 localidades de la capital de la República.
