La argumentación del accionante para sustentar la solicitud ante la Corte Constitucional está relacionada con el incumplimiento de trámites legales, además, advierte riesgos económicos y de soberanía.
El exministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde presentó una demanda ante la Corte Constitucional contra el plan de cooperación firmado entre Colombia y China para la adhesión del país a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, conocida como la Ruta de la Seda.
Lizarralde solicita que el acuerdo, suscrito el 14 de mayo en Beijing por el presidente Gustavo Petro, no tenga efectos legales internos hasta que cumpla con los trámites constitucionales previstos para la ratificación de tratados internacionales.
La acción judicial, radicada el 19 de mayo, también pide que la Presidencia y la Cancillería publiquen el texto completo del acuerdo, argumentando que el Congreso de la República no fue consultado, como exige la Constitución para la incorporación de tratados internacionales.
En ese sentido, el accionante advierte que el convenio podría acarrear graves consecuencias económicas y afectar la soberanía nacional, al tiempo que cuestiona la omisión de procedimientos esenciales en la aprobación del acuerdo. El plan de cooperación con China busca fortalecer la relación bilateral a través de proyectos de infraestructura, tecnología, energía y agroindustria, en el marco de una iniciativa global que ya suma más de 140 países.
El Gobierno colombiano ha calificado la firma como un “paso histórico” que abre nuevas oportunidades de inversión, desarrollo sostenible y cooperación tecnológica. Según el presidente Petro, la adhesión permitiría reducir el déficit comercial con China, que supera los USD 13.500 millones, y dinamizar regiones como el Litoral Pacífico.
No obstante, el positivismo del ejecutivo, diversos sectores empresariales y centros de pensamiento han expresado preocupación por los riesgos de endeudamiento, pérdida de autonomía y posibles tensiones con Estados Unidos, principal socio comercial del país.
Gremios como la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) y el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga han pedido suspender cualquier decisión sobre el acuerdo hasta que se garantice transparencia y control legislativo.
Finalmente, queda claro, que la Corte Constitucional deberá decidir si el acuerdo puede implementarse o si requiere un trámite de ratificación formal, en medio de un debate nacional sobre los beneficios, riesgos y el impacto geopolítico de la adhesión de Colombia a la Ruta de la Seda.
