Nombró como secretaria general del Ministerio de Relaciones Exteriores a una persona sobre quien pesa una sentencia de nulidad electoral, la cual se evade desde el Gobierno Nacional, ya que, a pesar de la providencia del Consejo de Estado que ordena su retiro del cargo, Paola Andrea Vásquez Restrepo sigue ejerciendo funciones, ahora dobles.
Tras la polvareda que se armó al interior del Ministerio de Relaciones Exteriores por cuenta de la revocatoria de varias resoluciones que declaraban desierta la licitación pública para la fabricación de pasaportes, quedaron al descubierto otras aparentes anomalías.
Según trascendió, el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, expidió un acto administrativo reconociendo los derechos adquiridos por la firma Thomas Greg & Sons, luego de haber obtenido todos los puntos posibles en el proceso de licitación malogrado por Álvaro Leyva. El monto de este contrato es de $599.000 millones.
El día de ayer, lunes 26 de febrero, al final de la tarde, la opinión pública estaba más bien sorprendida por la decisión que se había tomado y la airada reacción del presidente, Gustavo Petro, quien a través de su cuenta en la red social X, declaró insubsistente a Salazar.
A pesar de la nulidad, sigue en su cargo
Precisamente, el documento dado a conocer desde el Gobierno Nacional y donde se hace oficial la insubsistencia de Salazar, evidenció una nueva afrenta de Gustavo Petro al sistema de justicia colombiano, pues, se abstiene de cumplir una sentencia proferida por el Consejo de Estado en diciembre de 2023.
Al mismo tiempo que separa de su cargo a José Salazar, encarga en éste a Paola Andrea Vásquez Restrepo, de quien se supo el año pasado, fue declarada la nulidad de su nombramiento en la Embajada de Colombia en Estados Unidos por no pertenecer a la Carrera Diplomática.
“El Decreto 2280 de 22 de noviembre de 2022, mediante el cual se designó en provisionalidad a la señora Paola Andrea Vásquez Restrepo en el cargo de consejera de Relaciones Exteriores […] es contrario al presupuesto del artículo 60 del Decreto Ley 274 de 2000, toda vez que para el momento de su expedición, por lo menos existía una persona perteneciente a la carrera diplomática y consular en disponibilidad para ser designada en dicha plaza”, se lee en uno de los apartes de la providencia.
Esta actitud desafiante del jefe de Estado ha venido generando desde hace un tiempo cierto temor en un sector de la opinión y la cosa pública, en razón de la radicalización del discurso y las acciones del mandatario, cada día más cercanas al autoritarismo, según algunos analistas.
