El grupo armado al margen de la ley declaró objetivo militar a todos los líderes sociales que en el territorio han rechazado su accionar delictivo. Los recientes hostigamientos a la Policía en el municipio de Miranda dejaron dos muertos y varios heridos.
Las imágenes que circulan en redes sociales sobre los atentados perpetrados recientemente por las disidencias de las Farc en Miranda, Cauca, traen a la memoria del colombiano promedio los peores años de la violencia de los años 90. En ese sentido, podría pensarse, por ejemplo, en el video donde se registró el secuestro del G (r) Luis Herlindo Mendieta Ovalle, ocurrido en el municipio de Mitú, Vaupés en 1998.
Pero, es peor aún el reporte: varias estructuras de las disidencias de las Farc hostigaron por más de dos horas la estación de Policía del municipio de Miranda, zona donde ejercen control territorial y político. Esta incursión armada dejó dos uniformados muertos y otros tantos heridos, además, fue considerada por sus habitantes como la más larga desde que están en medio del fuego cruzado.
Estas acciones, orientadas a infundir temor y zozobra en la población se vienen replicando desde hace meses en el departamento del Valle del Cauca, donde incluso, han organizado retenes de personas y verificado documentación de transeúntes en zonas no muy alejadas de los cascos urbanos.
El Gobierno Nacional, que ha mostrado siempre su intención de una salida negociada al conflicto, parece estar manos atadas ante el incremento de la inseguridad en todo el país, poniendo de presente el catastrófico fracaso del proyecto de paz total anunciado por el presidente Petro desde su posesión.
Otro elemento importante de este fracaso y que podría tener relación directa con la escalada terrorista en todo el país, son las tirantes negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización al margen de la ley que a pesar de estar en una mesa de diálogos, expresó su voluntad de seguir secuestrando y extorsionando para financiar sus actividades militares.
Tras el hostigamiento y recrudecimiento de la violencia, el Gobierno Nacional en pleno llevó a cabo un consejo de seguridad en Popayán, donde se tomó la decisión de militarizar el municipio de Morales en aras de garantizar la tranquilidad a sus más de 42.000 habitantes. “El mensaje es claro: todas las capacidades de la Fuerza Pública están enfocadas en estabilizar esta zona del Cauca para proteger a las comunidades”, dijo Iván Velázquez, ministro de Defensa.
Retador panfleto
No obstante a la gravedad de los hechos y los anuncios del ministro de Defensa en ese sentido, varios bloques de las disidencias de las Farc anunciaron que las acciones de este tipo arreciarán en algunos municipios de los departamentos de Cauca y Valle del cauca.
“Nos permitimos informarles a los habitantes del Departamento del Cauca y Valle, […] que hemos decretado paro armado en razón a que estamos buscando un grupo armado del nuevo paramilitarismo y que vienen trabajando en conjunto con la Policía, los cuales han ingresado de civil a nuestros territorios donde hacemos presencia, sabemos que están disfrazados de comerciantes, de docentes, de personal médico, demás y si es necesario entrar en confrontaciones en las próximas horas lo haremos”, se lee en el documento firmado por los frentes Carlos Patiño, Ismael Ruiz, Rafael Aguilera, las columnas móviles Jaime Martinez, Dagoberto Ramos y la compañía Adán Izquierdo.
Precisa el escrito, que el mensaje va dirigido expresamente a las poblaciones de El Tambo, Balboa, Argelia, Suárez, Buenos Aires, Santander, Villa Colombia, Miranda, Corinto, Jamundí, Florida y Pradera.
Más adelante, prohíben en las comunidades antes mencionadas el tráfico de personas y advierten que “únicamente se respetara la misión medica de urgencias y vehículos se servicios fúnebres, los establecimientos de comercio estarán abiertos hasta las 6:00 p. m., así mismo las actividades religiosas y culturales y los sapos servidores públicos”.
Finalmente, declaran objetivo militar a todos los líderes sociales que desde el territorio han venido denunciando los actos criminales cometidos por este grupo, así como el rechazo público de los hostigamientos y atentados contra la Fuerza Pública.
