La periodista Paula Bolívar de W Radio cuestionó la asignación de esos millonarios recursos para la producción de mochilas, largometrajes y documentales en lugar de ser destinados a mejorar la infraestructura educativa indígena.
El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) ha sido beneficiario de un acuerdo millonario por parte del Ministerio de Educación, con una asignación que supera los 180.000 millones de pesos.
Aunque la intención declarada es fortalecer el Sistema de Educación Indígena, detalles del convenio han suscitado inquietudes sobre su ejecución y objetivos.
Según Nicolás Gómez, secretario Político de Salvación Nacional, en declaraciones para Sigue La W, el convenio plantea metas que incluyen la producción de mochilas, largometrajes y documentales, aspectos que parecen desvinculados de las necesidades prioritarias del sistema educativo indígena.
Gómez cuestiona la idoneidad del CRIC para abordar estas áreas, subrayando la ausencia de experiencia previa.
«Es llamativo que una inversión de esta magnitud se destine a objetivos tan tangenciales como la producción de material audiovisual, mientras existen necesidades urgentes de infraestructura educativa y mejoramiento de la calidad del servicio», señaló Gómez a W Radio.
El convenio detalla 23 entregables, entre los cuales figuran mochilas, largometrajes y documentos.
A pesar de la designación de un supervisor por parte del Ministerio, Gómez plantea dudas sobre la efectividad de la supervisión fiscal, lo que podría resultar en un uso inadecuado de los recursos. Además, alerta sobre posibles sesgos políticos en la distribución de los fondos y la utilización del convenio para fines proselitistas.
«Nos preocupa que este convenio tenga un componente político desde su inicio. Es crucial cuestionar si estos recursos están realmente contribuyendo al mejoramiento del sistema educativo indígena o si se están desviando para otros propósitos», agregó Gómez.
La relación entre el activismo político del CRIC y la obtención de estos fondos también ha sido objeto de escrutinio. Gómez plantea interrogantes sobre la equidad en la distribución de recursos, señalando que estos convenios benefician a una sola entidad en detrimento de otras organizaciones indígenas en el país.
