De acuerdo con el organismo multilateral, durante 2023 perdieron la vida en estos 98 eventos un poco más de 300 personas, incluyendo niñas, niños, adolescentes y miembros de grupos étnicos, mientras que 62.967 colombianos fueron desplazadas y 87.646 confinadas en sus hogares.
La mañana de este miércoles 28 de agosto, la oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia presentó en su informe anual un terrible panorama sobre la situación humanitaria y de orden público en el país en el 2023.
Los reportes, que indican que los asesinatos colectivos o masacres, presentaron cifras superiores a las registradas en 2022, a pesar de que el país se encuentra o al menos así lo informa contantemente el presidente, Gustavo Petro, en el marco de un proceso de paz total.
“En el 2023, la ONU DDHH verificó 98 masacres, se observa un incremento del 6.5 % respecto a las masacres verificadas en 2022”, sentención Jueliette de Rivero, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Ahondando más en esta funesta estadística, pormenoriza las 98 masacres dejaron en total un saldo de 320 personas muertas. Asimismo, explica que fueron asesinados 242 hombres, 46 mujeres, 25 niños y siete niñas. Este último grupo, estuvo conformado por 15 indígenas y tres afrodescendientes.
Otro anuncio preocupante, tiene que ver con la inducción de niñas, niños y adolescentes a la guerra, en el entendido de que su equipo de trabajo en todo el país tuvo conocimiento y pudo verificar la ocurrencia de al menos 134 casos de reclutamiento de menores, siendo los grupos armados y bandas delincuenciales los principales responsables.
“Esto incluye 86 niños, 42 niñas y 6 casos sin confirmación de género, preocupa particularmente que en 75 casos las víctimas pertenecían a pueblos étnicos”, precisó la representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Finalmente, asegura que durante el 2023 se presentaron 62.967 casos de desplazamiento forzado y que por cuenta de los paros armados propiciados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), alrededor de 87.646 personas estuvieron en varias oportunidades confinadas en sus poblaciones.
«La consolidación del poder de los grupos en algunos territorios representa un riesgo para la gobernabilidad en Colombia y para la protección de los derechos humanos de la población y exige de las instituciones del Estado una acción más enérgica para abordar estas violaciones de derechos humanos y garantizar la protección de la población vulnerable en el país», puntualizó Jueliette de Rivero.
