Un informe del organismo internacional indica que este crimen sigue ocurriendo a diario en Colombia y pide implementar medidas con mayor celeridad y coordinación.
El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada publicó un informe en el que expresa profunda preocupación por la persistencia y transformación del fenómeno de las desapariciones forzadas en Colombia. El documento, resultado de una visita al país realizada entre el 21 de noviembre y el 5 de diciembre de 2024, subraya que estos crímenes no se erradicaron tras los acuerdos de paz de 2016 y continúan ocurriendo a diario.
El comité advirtió que las desapariciones se dan tanto en contextos de conflicto armado como en otros escenarios, y que muchas ocurren en regiones controladas por grupos armados no estatales y redes de crimen organizado. El informe no descartó que en algunos casos exista participación directa o permisiva por parte de autoridades estatales.
Entre los casos más alarmantes, el informe destacó el reclutamiento forzado de niños y adolescentes, incluso en las inmediaciones de escuelas. Además, señaló que la desaparición forzada sigue siendo usada como una herramienta de terror para controlar territorios y eliminar a presuntos “enemigos”, como líderes sociales, defensores de derechos humanos, periodistas y personas de la comunidad lgbti.
Departamentos como Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Norte de Santander son señalados como focos críticos. El comité también identificó un preocupante aumento de desapariciones vinculadas a la trata de personas, especialmente contra mujeres y niños, así como en contextos migratorios, con énfasis en el Tapón del Darién, Norte de Santander y el archipiélago de San Andrés.
Recomendaciones
El informe recomendó a Colombia fortalecer sus mecanismos de búsqueda e investigación, recordando que las autoridades tienen el deber de actuar de inmediato ante una desaparición, aun sin denuncia formal. También se solicitó una mejor coordinación con países vecinos para enfrentar las desapariciones en rutas migratorias, e insistió en garantizar a todas las víctimas y sus familias el acceso pleno a la verdad, la justicia y la reparación.
Finalmente, el comité criticó la falta de datos confiables sobre la magnitud del problema: las cifras de desaparecidos entre 1958 y 2016 oscilan entre 121.000 y 210.000, según la fuente consultada. También advirtió sobre la confusión institucional que diluye responsabilidades y se sugiere unificar esfuerzos entre entidades como la UBPD, GRUBE y la JEP, para lograr una respuesta más eficaz y coordinada.
