Según la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, los cambios que se proponen podrían producir caos en la prestación de los servicios, acrecentar la burocracia en detrimento de la atención médica a los pacientes y malversación de fondos.
Hace poco menos de una semana se conoció el texto definitivo de la tan anunciada Reforma a la Salud del gobierno y desde ya se han hecho, desde distintos sectores, incluso desde la bancada que impulsa en el Legislativo la agenda del presidente Petro, muchos reparos de todo tipo.
A través de un comunicado de prensa, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) alertó sobre los traumatismos que causaría para los pacientes y el sistema mismo de aprobarse la reforma tal cual está en el articulado presentado al Congreso.Uno de los más fuertes cuestionamientos de Acemi al proyecto de ley está relacionado con el papel que jugarían o dejarían de jugar las entidades promotoras de salud (EPS), pues, contrario a lo que se ha dicho en muchos escenarios, la reforma planteada acaba con ellas por completo y deja más incertidumbres que certezas sobre quién asumiría las funciones que a fecha de hoy éstas ejecutan.
“El Sistema de salud cubre a 50 millones de colombianos que reciben servicios en todo el territorio nacional. Con el proyecto de reforma presentado esta semana por la Ministra de Salud Carolina Corcho, las EPS desaparecen del modelo y no es claro quien asume la gestión del aseguramiento de los pacientes. No se trata de una reforma ni una evolución.
Lo que propone el Gobierno es un nuevo modelo de salud que arrancaría de cero”, se lee en el comunicado.En el documento, Acemi enumera varias de las inquietudes que les asaltan luego de una lectura y análisis riguroso del articulado.
La primera tiene que ver con la fragmentación y asignación de las funciones que vienen desempeñando con el modelo establecido con la Ley 100 de 1993. “Decir que las EPS son prestadores de servicios de salud equivale a eliminarlas, mantener el nombre de las EPS no significa mantener su rol de aseguradores, el proyecto fragmenta sus funciones y las divide entre diferentes entidades, lo cual podría generar un gran caos dentro del Sistema.
Nadie asume la responsabilidad y la función de gestionar el riesgo en salud. Ambas desaparecen”, advierte la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral. Otro de los reparos de Acemi está relacionado con el papel de coordinación y articulación de la red de servicios que con el modelo propuesto por la ministra Carolina Corcho asumirían las secretarías de salud de las entidades territoriales departamentales y municipales.
En ese sentido, señalan que estas dependencias son incapaces de asumir tal responsabilidad, pues, en el periodo entre 2018 y 2019 sólo lograron verificar y habilitar el 3 % de las redes de prestación estructurada por las EPS.
Señalan además, que las burocracia excesiva que trae implícito este cambio de modelo pone en riesgo la efectiva prestación de los servicios médicos generales y deja en el limbo a los especialistas que hoy brindan atención fuera de los hospitales y clínicas, pero vinculados al sistema. “Para conformar la red de servicios, las entidades territoriales tendrán que coordinarse con cinco instancias diferentes, implica en la vida práctica coordinarse con más de 60 personas con múltiples intereses y perfiles poco técnicos lo cual genera un alto riesgo de inoperancia”, sostiene.
A renglón seguido Acemi explica que “no es claro cómo se vinculará la red de especialistas que trabajan actualmente desde sus consultorios en este nuevo escenario, su contratación estará sujeta a las decisiones del gerente del fondo regional 6. Preocupa que se reduzca la calidad de los servicios para ajustar el costo al manual tarifario, sin que nadie supervise la calidad”.
Cuestiona también que mientras el periodo para desarrollar el plan de equipamiento es de 10 años, el de transición está planeado en un tiempo menor, lo que a implicaría que los denominados Centros de Atención Primaria Integral y Resolutiva en Salud (CAPIRS), que de acuerdo a la propuesta presentada son la puerta de entrada al sistema, no estén listos a tiempo.Avisan además que la entrega directa de los recursos de la salud a las Alcaldías y Gobernaciones y la creación de tantas dependencias de asesoría podría ser contraproducente para el sistema por cuenta de la corrupción que existe en el sector público.“
La ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) manejará los recursos temporalmente, mientras las entidades territoriales asumen gradualmente la competencia de los recursos. Es decir, los recursos de la salud serán entregados a alcaldías y gobernaciones. [Para tales fines] se crean más de 19 instancias asesoras, de planeación, seguimiento y participación, con financiamiento propio, decisiones vinculantes, alto riesgo de corrupción, politización e ineficiencia”, anota Acemi. Así mismo, muestran su preocupación por la serie de facultades extraordinarias planteadas y solicitadas en el proyecto de ley y que eventualmente facultarían al presidente Petro para que durante seis meses pueda expedir, sin presentarse ante el Congreso, leyes que le permitan «modificar y complementar las normas en materia de salud pública»
.Finalmente, rechaza la postura del Gobierno Nacional y las propuestas de la Reforma a la Salud en torno a las EPS, pues desconoce la opinión favorable que sobre ellas tiene la mayoría de los colombianos y ratifican su compromiso para el sostenimiento de debates técnicos y jurídicos que permitan encaminar hacia el verdadero éxito al Sistema de Salud.
“El Gobierno desconoce que la mayoría de los ciudadanos confían y respaldan el trabajo de su EPS, no quieren que desaparezca, quieren que mejore. Acemi reafirma su compromiso con el diálogo técnico, informado y transparente y confía en el debate amplio y suficiente que se genere en el Congreso de la República para lograr que el sistema de salud realmente evolucione”, puntualiza el comunicado.
