Una nueva resolución otorga amplias facultades de intervención en organizaciones campesinas y agropecuarias, generando preocupación por una posible afectación a su autonomía. Entre las medidas se incluyen la remoción de administradores y la imposición de multas millonarias.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural expidió la Resolución 052 de 2025, un marco normativo sin precedentes que regula la inspección, vigilancia y control de las asociaciones campesinas y agropecuarias nacionales.
Firmada por la ministra Martha Carvajalino el pasado 17 de marzo, esta normativa otorga a la cartera amplias atribuciones que han despertado inquietud en el sector debido a sus posibles implicaciones para la autonomía de estas organizaciones.
La disposición legal permite al Ministerio remover administradores de las asociaciones, suspender personerías jurídicas por hasta seis meses, imponer multas diarias de hasta 80 Unidades de Valor Básico (UVB), solicitar documentos financieros y realizar auditorías sin previo aviso.
Además, se le otorga la potestad de interrogar bajo juramento a personas vinculadas a investigaciones. Estas labores de inspección, vigilancia y control estarán a cargo del jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio.
Entre las medidas preventivas contempladas en la resolución se destaca la toma forzosa mediante el cambio temporal de administración. Por su parte, las sanciones incluyen la cancelación de la personería jurídica, multas, modificaciones obligatorias a los estatutos y la prohibición temporal o definitiva de realizar actividades propias de las asociaciones.
Procedimiento y alcance
Además de estas facultades, la resolución establece un detallado procedimiento sancionatorio que abarca la formulación de cargos, descargos, un período probatorio de hasta 30 días hábiles, alegatos y una decisión final.
Cabe resaltar que las resoluciones que imponen sanciones solo admiten el recurso de reposición, sin posibilidad de apelación, lo que restringe las opciones de defensa de las asociaciones afectadas.
La normativa también autoriza a las secretarías de Gobierno Municipales y Distritales a ejercer funciones similares sobre asociaciones campesinas y agropecuarias de ámbito municipal, departamental o regional. Esta extensión del control a nivel local podría incrementar la supervisión, pero también plantea riesgos de mayor burocracia e interferencia política en organizaciones de menor escala.
Expertos en Derecho Agrario y Corporativo consideran que la implementación de esta resolución podría transformar la dinámica del sector agrícola colombiano. Aunque el Ministerio sostiene que estas medidas buscan garantizar la transparencia y el buen funcionamiento de las asociaciones, críticos advierten sobre el peligro de una extralimitación de funciones gubernamentales.
Argumentan que la incertidumbre sobre la autonomía operativa podría desincentivar la inversión en un momento crucial para la economía nacional. A pesar de las intenciones positivas del Ejecutivo, como promover la transparencia, persisten preocupaciones sobre el equilibrio entre supervisión y libertad.
Finalmente, sostienen que la falta de mecanismos de apelación claros y la amplitud de las facultades otorgadas podrían minar la confianza en el sector agropecuario, un pilar fundamental para el desarrollo rural y la economía del país.
