María Fernanda Cabal pide al Congreso destituir a Petro por llegar al poder con apoyo de grupos criminales

La precandidata presidencial asegura que el Congreso debe actuar ante una «elección fraudulenta», financiada con dineros ilegales y respaldada por grupos armados.

Con un tono implacable y sin espacio para ambigüedades, laaspirante presidencial María Fernanda Cabal lanzó una nueva ofensiva política contra el presidente Gustavo Petro, al que acusa de haber llegado al poder gracias al respaldo de grupos armados ilegales y del financiamiento irregular de su campaña.

En un pronunciamiento contundente, aseguró que «Gustavo Petro debe ser destituido por indignidad» y responsabilizó al Congreso de la República de tomar cartas en el asunto para evitar que Colombia «se siga desmoronando bajo un pacto criminal».

Las declaraciones de la líder de la oposición se producen en medio de crecientes cuestionamientos sobre la financiación de la campaña presidencial de Petro en 2022, tras revelaciones de testigos protegidos, testimonios de guerrilleros del ELN y declaraciones anteriores del comandante del Estado Mayor Central de las FARC, Iván Mordisco, quienes habrían manifestado haber apoyado su candidatura.

“Hace unos meses el bandido de Iván Mordisco contó cómo habían apoyado la candidatura de Gustavo Petro, y hace una semana dos bandidos del ELN también contaron en una entrevista que habían apoyado la candidatura de Gustavo Petro”, expresó Cabal con vehemencia. “Esto en cualquier gobierno hubiera sido un escándalo”, remató.

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Cabal fue más allá al establecer un paralelo con el escándalo del proceso 8000 que sacudió al país en los años 90, cuando se demostró el ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña de Ernesto Samper.

«En ese entonces, al menos se llegó a una votación en la plenaria de la Cámara. Hoy, con una legislación más robusta en materia de indignidad presidencial, nada avanza», denunció.

En su análisis, Cabal responsabiliza a un supuesto “pacto criminal” —lo que ella ha denominado como el “pacto de La Picota”— como la verdadera estructura que llevó a Gustavo Petro al poder. Un pacto que, según ella, involucra a líderes encarcelados, estructuras armadas ilegales y operadores políticos de dudosa reputación, y que habría sido decisivo no sólo para asegurar votos en las regiones, sino también para blindar a Petro de los órganos de control y judiciales.

“Este es un país que aguanta demasiado”, lamentó. “La conciencia de conservar la democracia implica mantenernos firmes denunciando el bandidaje de lo que es el gobierno Petro hoy”.

¿Una estrategia de impunidad?

Cabal también dirigió su artillería contra la fiscal general y la presunta inacción de la Fiscalía frente a las múltiples denuncias, especialmente aquellas relacionadas con Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña de Petro.

“¿Por qué la Fiscalía no actúa? ¿Por qué se demora tanto? ¿Por qué no atendió la audiencia?”, cuestionó la senadora. “Al final pareciera que esto fuera más bien un gobierno pacto de criminales”.

Por su parte, Ricardo Roa ha negado en repetidas ocasiones cualquier irregularidad y ha afirmado que los recursos de campaña se manejaron de acuerdo con la ley.

Las afirmaciones de Cabal se suman a una serie de cuestionamientos que desde distintos sectores políticos han surgido en torno a la legitimidad del actual gobierno, especialmente tras revelaciones de exmiembros de grupos armados ilegales que han asegurado haber prestado apoyo logístico o territorial a la candidatura de Petro.

El Congreso, ante su prueba más difícil

La gran pregunta ahora es si el Congreso de la República escuchará este llamado o si, como en tantas otras ocasiones, optará por la pasividad. En palabras de la senadora: “Le corresponde al Congreso salvar a este país”.

Y quizás tenga razón. Si las denuncias son ciertas —si efectivamente hubo apoyo logístico, financiero y político de organizaciones criminales a la campaña del hoy presidente de la República—, estamos ante el mayor escándalo político desde el 8000. Y si no lo son, el gobierno debería responder de manera clara y contundente para despejar cualquier sombra de ilegitimidad.

Pero el silencio, ese que se ha vuelto costumbre, ya no es una opción.