La aspirante presidencial por el Centro Democrático ha criticado duramente al gobierno Petro por el decreto de los ministerios de Agricultura y Justicia que viola el derecho a la propiedad privada. ¿Expropiación encubierta?
En una acción contundente y sin ambigüedades, la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal presentó una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado contra el Decreto 033 de 2025, expedido por los ministerios de Agricultura y Justicia del presidente Gustavo Petro.
La medida gubernamental busca restringir la libre compra de predios rurales superiores a dos Unidades Agrícolas Familiares (UAF) en 82 municipios del país, condicionando su escrituración a una notificación previa a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la cual tendría prioridad para adquirir dichos inmuebles. Para Cabal, esta norma no solo es ilegal: es una expropiación encubierta sin indemnización ni marco legal válido.
«Presenté demanda de nulidad contra el Decreto 033 de 2025, que impone restricciones inconstitucionales a la compraventa de tierras rurales en 82 municipios del país. Este decreto, expedido por el Gobierno Petro, viola el derecho a la propiedad privada, desconoce la reserva de ley y vulnera principios como la legalidad, la libre empresa y la separación de poderes. No permitiremos que el Gobierno abuse del poder para imponer figuras de expropiación en sin sustento legal», denunció Cabal en un trino que rápidamente se viralizó.
Una defensa frontal de la Constitución
La acción legal interpuesta por la senadora no solo es un acto político, sino una respuesta institucional clara frente a lo que considera un intento del Ejecutivo de saltarse al Congreso y modificar las estructuras económicas y sociales mediante el uso discrecional del poder reglamentario.
En su demanda, Cabal fundamenta con argumentos jurídicos sólidos cómo el Decreto 033 de 2025 viola varios artículos constitucionales, entre ellos:
- El artículo 58, que consagra el derecho a la propiedad privada.
- El principio de reserva de ley, que establece que las limitaciones a los derechos fundamentales deben ser reguladas por el legislativo, no por decreto.
- El proceso debido y la garantía de seguridad jurídica.
- La libertad económica, reconocida en múltiples pronunciamientos de la Corte Constitucional.
Además, solicitó una medida cautelar para suspender provisionalmente la aplicación del decreto, toda vez que su ejecución inmediata genera daños irreparables a propietarios legítimos de tierras rurales.
«No tiene ningún sustento legal que se obligue a los propietarios de tierra tener que pedirle permiso como si fuera preferente ofrecérsela a la Agencia Nacional de Tierra”.
Un peligroso precedente para todo el país.
Más allá del impacto directo en los 82 municipios señalados, la líder opositora advierte que este tipo de medidas abren la puerta a una expansión autoritaria del Estado sobre bienes privados: «Hoy pretende el Estado con Petro a la cabeza, expropiar a los dueños de las tierras rurales; mañana puede hacer lo mismo con los urbanos. No lo vamos a permitir».
Este mensaje refuerza su postura coherente frente al avance del gobierno por gobernar por decreto, tal como lo dijo días atrás cuando Petro amenazó con convocar una consulta popular sin pasar por el Congreso. “Colombia no es un Estado de opinión, es un Estado de derecho”, dijo entonces.
¿Qué sigue ahora?
El Consejo de Estado deberá decidir si admite la acción de nulidad y si concede la suspensión provisional del decreto, mientras el debate sobre el control estatal de la tierra rural y su impacto en la economía nacional cobra cada vez más fuerza.
La senadora Cabal no solo está marcando posición política: está tomando acción judicial para frenar lo que considera una violación grave al orden republicano. Y en medio de un año electoral y un clima de creciente confrontación institucional, su voz no solo se escucha, se multiplica.
