La senadora Cabal, miembro del partido Centro Democrático, arremetió contra el gobierno de Gustavo Petro tras el atentado terrorista perpetrado contra Sigifredo Márquez, padre de la vicepresidenta Francia Márquez, y su sobrino en la zona rural de Jamundí.
El reciente atentado terrorista contra Sigifredo Márquez, padre de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, y su sobrino, ha suscitado una oleada de indignación en diversos sectores del país, especialmente en el ámbito político. El ataque, perpetrado en la tarde del domingo 16 de junio por grupos alzados en armas en una zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, ha puesto en el centro del debate la grave situación de seguridad en el país.
Una de las voces más críticas ante esta situación ha sido la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal. Utilizando su cuenta en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, Cabal expresó su rechazo categórico al atentado: “Rechazamos enérgicamente el ataque terrorista contra la familia de Francia Márquez”.
Sin embargo, sus comentarios no se limitaron a la condena del acto violento. La senadora extendió su crítica al gobierno de Gustavo Petro, señalando que «a los colombianos nos duele el corazón todos los días por las crecientes masacres y los continuos ataques de la guerrilla». Según Cabal, el gobierno es directamente responsable del incremento en la violencia debido a su manejo de la política de seguridad y su enfoque en los diálogos con grupos armados.
Cifras poco alentadoras
A pesar de los anuncios del gobierno, las cifras sobre violencia y violaciones a los derechos humanos en Colombia siguen siendo alarmantes. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), en 2022 se registraron 94 masacres y 189 líderes sociales y 42 firmantes del acuerdo de paz fueron asesinados.
En 2023, las cifras se mantuvieron en niveles similares, con 94 masacres, 188 líderes sociales y 44 firmantes del acuerdo de paz asesinados. Hasta la fecha, en 2024 se han reportado 29 masacres, 81 líderes sociales y 11 firmantes del acuerdo de paz asesinados. Estas cifras reflejan una continua dinámica de violencia en el país, a pesar de los discursos oficiales sobre la protección de la vida.
Por otra parte, las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo indican un aumento en la presencia de grupos armados ilegales en varios departamentos, como Antioquia, Guaviare, Meta, Caquetá, Cauca y Nariño. Los grupos FARC-EMC y Segunda Marquetalia han expandido su control de 230 a 299 municipios en 2023. La falta de presencia estatal en algunas zonas ha permitido que estos grupos inauguren infraestructuras y distribuyan útiles escolares, fortaleciendo así su influencia sobre las comunidades locales.
Otro dato alarmante es el crecimiento de los miembros del ELN, que, según las fuerzas militares, ha pasado de contar con 4000 integrantes a cerca de 5000. De igual manera, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) han expandido su número de integrantes de 10.000 a 13.000, según datos de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, lo que representa un crecimiento del 30 %.
El desplazamiento forzado es otro fenómeno que ha experimentado un crecimiento significativo. Nariño, por ejemplo, sufrió 58 eventos de desplazamiento que afectaron a casi 24.000 personas en 2023. También se registraron 215 confinamientos que impactaron a más de 18.000 familias, representando un incremento del 63 % en comparación con 2022.
La política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro, aunque bien intencionada, enfrenta serios desafíos en su implementación. La crítica de la senadora María Fernanda Cabal resalta una percepción creciente de que el gobierno no está logrando reducir la violencia ni garantizar la seguridad de sus ciudadanos.
Con solo dos años y medio restantes de su mandato, el gobierno de Petro deberá revaluar y ajustar su estrategia para lograr resultados concretos que protejan la vida y restauren la confianza en las instituciones del Estado. La naturalización de la violencia no puede continuar siendo una opción para Colombia.
