Analistas y académicos empiezan a estudiar la viabilidad del acto, teniendo en cuenta algunos preceptos normativos que exigen la expedición de este en un marco de sostenibilidad fiscal.
La semana pasada en medio de tensiones, el proyecto de Presupuesto General de la Nación presentado por el gobierno Petro se hundió en el Congreso. Este hecho es solo la confirmación del rechazo generalizado a una propuesta desfinanciada y que, obligaba a la puesta en marcha de una nueva reforma tributaria.
Desde el momento mismo en que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció que el monto del PGN sería de $523 billones y que necesitaría la aprobación y puesta en marcha de una Ley de Financiamiento que recaudara $12 billones y cumplir con los actuales lineamientos de la Regla Fiscal.
Este hecho, ocurrido por primera vez en la historia republicana del país, como han señalado medios como Portafolio, deja en evidencia la poca disposición del gobierno para interactuar con la oposición y hasta sus colaboradores disidentes.
José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, cuestionó en su más reciente columna de opinión publicada en El Colombiano, el poco interés del Ejecutivo por razonar en torno a asuntos que afectan al grueso de la ciudadanía.
“[Ricardo Bonilla fue] incapaz de lograr consensos con las comisiones económicas del congreso sobre el presupuesto de la nación, asunto que suele ser relativamente fácil en la gestión económica del estado. Con ello pierde la democracia y se fractura una relación entre el legislativo y el ejecutivo, que pone en dificultades futuras reformas”, se lee en uno de los apartes de la nota periodística.
El exministro dio a entender en otro de los apartes de su columna, que el gobierno Nacional estaría optando por presentar proyectos imposibles de aprobar, para luego, tomar sin ningún control la hacienda pública y como de costumbre, movilizarse para seguir avanzando en su política de polarización.
“Apresuradamente y lejos de la fecha que prevé la ley (20 de octubre), el gobierno anuncia que decretará el presupuesto por el monto desfinanciado que propuso y que negó el congreso, en una suerte de “dictadura fiscal. Cuesta trabajo entender si es por terquedad que el gobierno insiste en un presupuesto desfinanciado o si todo hace parte de una estrategia para no someterse al congreso y así tener el control de la distribución de las partidas”, escribió Restrepo.
Yendo un poco más allá, se cuestionó sobre la conveniencia de la actitud asumida por el presidente y su equipo de gobierno, a sabiendas de lo complejo que será mantener con vida jurídica el monto del PGN.
Restrepo Abondano también le enrostró al ejecutivo el aumento excesivo de los gastos de funcionamiento, los cuales presentan una variación N veces mayos al crecimiento de la economía nacional.
“Es una reforma peligrosa al flexibilizar la regla fiscal y permitir el “derroche” en proyectos “verdes” que no entrarán ni en el déficit ni en la deuda. Ningún inversionista o calificadora de riesgo entenderá esto, y llevará a elevar el riesgo país, más tasa de cambio y más costos de financiación pública y privada. Pero además es una propuesta que con el “dulce envenenado” de bajar la tasa corporativa, sube los costos de las empresas (ej. Más impuesto al carbono) y el costo del capital a los inversionistas”, se advierte en la columna.
Finalmente, vaticina el futuro que puede tener el decreto de Petro relacionado con el presupuesto, si contra este se presentan demandas de inconstitucionalidad, más aún, cuando la Carta Política establece que el presupuesto debe “elaborarse, presentarse y aprobarse en un marco de sostenibilidad fiscal”.
