Analistas y opositores consideran que el presidente no está interesado en las iniciativas legislativas, sino en aprovechar el espacio para darle curso a la campaña presidencial del próximo año. La oposición generalizada demuestra la poca aceptación a las políticas presidenciales.
El presidente Gustavo Petro declaró el martes, 18 de marzo, como día cívico con el propósito de promover manifestaciones masivas a favor de sus reformas sociales, especialmente la consulta popular que busca salvar sus iniciativas laborales y de salud tras encontrar obstáculos en el Congreso.
«El martes comienza la consulta popular en Colombia y será día cívico como lo será el día de las elecciones. […] Ningún patrón podrá decir que despide a un trabajador por ir a la defensa de sus propios derechos porque violará la ley”, anunció Petro, quien, además, dijo que estará a la vanguardia de la marcha en Bogotá.
La convocatoria, según el presidente, tiene como objetivo, ‘movilizar apoyo para aspectos claves de la reforma laboral’. Hasta el momento, organizaciones sindicales como Fecode, CUT, CGT y ONIC anunciaron su respaldo y participación en las manifestaciones, programadas para salir mañana 18 de marzo desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar.
El rechazo de alcaldes y gobernadores
Esta iniciativa ha sido objeto de cuestionamientos por parte de gobernadores y alcaldes en toda Colombia, pues, argumentan que la intempestiva decisión del presidente trastoca por completo las actividades administrativas programadas con anticipación.
Uno de los primeros en oponerse, fue el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien anunció que la capital como institución administrativa no se sumará al día cívico convocado por el presidente. Ene se sentido, indicó que la ciudad mantendrá todas sus actividades con normalidad.
“Este martes, la Alcaldía de Bogotá garantizará la prestación de todos sus servicios y no se sumará al día cívico. Los 710.000 estudiantes de colegios públicos de la ciudad tendrán clase presencial y alimentación escolar. Todos los servicios del Distrito funcionarán con normalidad, incluidos 355 jardines infantiles, 116 comedores comunitarios, 30 Centros Día para la vejez, 12 Centros Amar para la prevención del trabajo infantil y 16 Centros Crecer para niños y niñas con discapacidad”, afirmó Galán en su cuenta oficial de X
Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, fue otro de los que rechazó de plano la convocatoria del presidente y ratificó su compromiso con las actividades administrativas del importante ente territorial.
«El martes 18 de marzo los servidores públicos de Medellín trabajaremos con normalidad. No detendremos las instituciones educativas, Buen Comienzo, los servicios de salud, EPM ni ninguna otra institución pública», aseguró Federico Gutiérrez, personaje con quien Petro ha chocado varias veces en redes sociales.
También en el mismo departamento, el gobernador, Andrés Julián Rendón, desestimó el llamamiento a las calles, asegurando que ese tipo de actividades va en contravía del espíritu del antioqueño.
“En Antioquia honramos el trabajo como camino de desarrollo y oportunidades. Ese día estaremos entregándoles a los antioqueños parte de las obras del intercambio vial del aeropuerto», aseguró Rendón.
Otro de los mandatarios que se manifestó en contra de la iniciativa gubernamental, fue el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, quien descartó que los funcionarios de su ente no deberían participar en esas actividades.
«Decretar un día cívico implica suspender actividades esenciales como la atención de servicios públicos y el manejo de recursos del departamento. Las administraciones funcionan con plata pública y debemos cuidarla», explicó el gobernador de Córdoba para oponerse a las marchas.
Finalmente, Alejandro Eder, alcalde de Cali, rechazó la medida y se negó a suspender los servicios básicos que prestan las instituciones adscritas a la Alcaldía. “Aquí vamos a seguir trabajando; los hospitales seguirán salvando vidas y los colegios, educando niños», puntualizó.
