El exministro cuestiona que no se hayan dado hasta el momento argumentos suficientes a la comunidad para justificar la puesta en marcha del subsidio, tampoco el debate sobre la posibilidad de que no se consiga el objetivo deseado, sino todo lo contrario.
Alejandro Gaviria fue hasta hace unos meses el ministro de Educación del gobierno Petro. Desde la barrera, ha estado analizando con su ojo crítico y sustentadas posiciones varias de las políticas públicas anunciadas por el ejecutivo, como la reforma a la salud.
A través de su cuenta de Twitter, el exministro y exrector de la Universidad de los Andes, opinó sobre las dificultades de distinta índole que tiene implícitas el programa recién anunciado por el presidente Petro y que busca desincentivar la escalada de violencia que protagonizan jóvenes pandilleros en el puerto de Buenaventura.
Como se sabe, el gobierno anunció tras su última visita a la ciudad que invertiría al menos un billón de pesos para pagarle un incentivo mensual a quienes hoy engrosan las filas de las bandas criminales que se pelean el control de las rutas de acceso al mar para ejecutar libremente actividades relacionadas con el narcotráfico.
¿Y los jóvenes que se han mantenido por fuera de la violencia?
De acuerdo con Gaviria, son muchos los factores que deben analizarse en torno a esta propuesta, el más importante: las explicaciones detalladas que debe dar el gobierno de cara a la sociedad, porque hasta el momento son muy pocos los elementos respecto al tema que se conocen.
“Hay varios debates al respecto que vale la pena diferenciar. El primer debate es de naturaleza ética: ¿por qué enfocar el programa en jóvenes con un pasado violento y no en jóvenes que se han mantenido por fuera de la violencia? Este es un debate eterno, casi bíblico, que requiere un pronunciamiento explícito por parte del gobierno: el dilema ético debe abordarse con transparencia, de frente a la ciudadanía y con argumentos precisos. Este abordaje no se ha dado”, arranca diciendo Gaviria en un extenso hilo en la citada red social.
Otro de los puntos que destaca el exministro, está relacionado con el cumplimiento real de los objetivos del programa, en el entendido de que pagarles un millón de pesos mensuales a los jóvenes que están inmersos en las dinámicas pandilleras para que abandonen esos grupos podría tener un efecto contrario al esperado, como pasó recién con la coca.
Muchos interrogantes
“El segundo debate tiene que ver con lo que los economistas llamamos riesgo moral: si se paga por salir de la violencia, ¿no podría esto llevar a que algunos jóvenes decidan unirse a grupos violentos solo por el incentivo económico? Ya pasó al final de los acuerdos de paz con las Farc con los cultivos de coca. Podría pasar nuevamente. El gobierno ha enfatizado sólo los efectos de primer orden sobre los beneficiarios directos, pero los efectos de segundo orden pueden ser definitivos”, indicó.
Finalmente, cuestionó que se anunciara el subsidio sin tener aún claridad en torno a los mecanismos que servirán para seleccionar a los beneficiarios, además, que la ejecución del mismo no la llevara a cabo el recién creado Ministerio de la Igualdad.
“Llama la atención que el programa esté en cabeza del DPS y no del ministerio de la igualdad. O de manera más general, resulta difícil entender por qué el DPS no pasó a hacer parte del ministerio de la igualdad. En suma, este programa, más allá de los debates éticos, tiene muchos cuestionamientos. Hay muchas preguntas sin respuesta desde las políticas públicas. Muchas veces no basta con las buenas intenciones”, puntualizó Alejandro Gaviria.
