Es importante que las víctimas de cualquiera de las modalidades de ocupación ilegal utilicen los conductos constitucionalmente establecidos para poner en marcha la actividad de varias entidades públicas con competencia para restituir el derecho de domino, evitando al máximo las vías de hecho y la justicia por mano propia.
En menos de una semana, dos haciendas ganaderas en la costa Caribe colombiana han sido invadidas por personas que justifican su accionar ilegal en varios de los postulados expuestos por Gustavo Petro y algunos de los integrantes de su gabinete.
Al ser confrontados por la Policía Nacional y otras instituciones, los ocupantes ilegales, argumentan que la toma de la posesión está respaldada en su carencia de tierra para vivir y trabajar, o los obstáculos que han puesto desde el Congreso algunas personas para impedir el desarrollo efectivo de la reforma agraria, esta última afirmación, ha sido recurrente en el discurso del presidente Petro y retomado por la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica.
Estos eventos, absolutamente graves y que en definitiva ponen en peligro la propiedad privada, no han merecido un pronunciamiento por parte de los integrantes del gobierno, quienes sí dedicaron la semana pasada tiempo para satanizar en redes sociales y medios de comunicación el llamamiento hecho por José Félix Lafaurie a los ganaderos de Colombia para respaldar solidariamente a los vecinos que se vean en peligro de ocupación ilegal o estén invadidos por parceleros, como ya se ha registrado en medios de comunicación.
Desde que Petro dijo que las Brigadas Ganaderas Solidarias eran un llamamiento a la conformación de grupos paramilitares, el presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) ha tenido que explicar innumerables veces en qué consiste este acompañamiento pacífico a las actividades de desalojo que deben ejecutar varias instituciones del Estado.
Lafaurie, preocupado por la multiplicación de estas acciones contra el hato ganadero, vilipendiado constantemente por el gobierno Petro, sus funcionarios y amplificadores de su discurso en el Congreso, reactivó también las asesorías jurídicas ofrecidas por Fedegán para que las eventuales víctimas de ocupación sepan qué hacer en estos eventos.
Se ha desnaturalizado el derecho de dominio
David Rodríguez, abogado, magíster en Derecho de Estado con énfasis en Derecho Público y especialista en Derecho Constitucional, reconoce en primera medida la importancia que el sector rural tiene para el desarrollo económico del país y luego, las dificultades a las que se enfrentan los propietarios de esos predios, habida cuenta de las dinámicas que se vienen presentando, algunas, alentadas por los proyectos de decreto expuestos por la ministra de Agricultura que busca la extinción de dominio por vía administrativa y la dinamización de movilización campesina.
“Actualmente hay una grave afectación, hay una desnaturalización por parte de algunos sectores que se han considerado con más y mejores derechos frente de verdaderos propietarios, tenedores y quienes usufructúan efectivamente la tierra. Se ha creado adicionalmente toda suerte de promoción por parte de algunos grupos particularmente armados y al margen de la Ley quienes instigan, promueven, además de financiar a ciertos sectores campesinos y rurales con el propósito de deslegitimar el derecho propio que por vocación legal le corresponde a los verdaderos propietarios”, explica el abogado.
Las dinámicas que rodean el mundo rural, según el jurista merecen un abordaje amplio, toda vez que la participación de tantos actores: legales e ilegales, además del choque de intereses superpuestos al derecho de propiedad de la tierra, complejizan la situación, exigiendo de las instituciones del Estado un esfuerzo ingente para armonizar esa constante confrontación.
“Esta es una situación que desde dos escenarios tenemos que evaluar. El primer punto será el contenido de tipo social: ¿qué es lo que está pasando en nuestra sociedad? ¿Por qué existe un grupo de personas que desnaturaliza y deslegitima el derecho y la vocación de la tierra a los verdaderos propietarios? y segundo: ¿qué están haciendo nuestras entidades e institucionalidad con relación al derecho a la tierra que les asiste a los propietarios de un lado y del otro lado qué está haciendo nuestros gobiernos, las entidades y autoridades con el fin de promover y participar del sector rural?”, plantea David Rodríguez.
Es importante saber qué hacer y a dónde dirigirse
Precisamente por eso y en atención a las oleadas de ocupaciones ilegales que se propagan en varias zonas del país cada vez que se posiciona en la agenda del gobierno y los medios de comunicación el tema de la reforma agraria, Lafaurie ha insistido en la reactivación de las Brigadas Ganaderas Solidarias, llevadas a cabo en Codazzi, Cesar, y Mompox, Bolívar, esta semana, también en la rehabilitación de varias líneas telefónicas para decirle a los afiliados víctimas de invasión qué hacer y cómo.
Contrario a lo que han dicho algunos sectores de la opinión pública y el gobierno nacional, el jurista considera que es pertinente tener a la mano información precisa respecto de las posibilidades legales que tiene un propietario para restituir, con el acompañamiento de las instituciones, el dominio de su predio.
“Es absolutamente necesario poner en conocimiento de toda la ciudadanía las herramientas legales que se encuentran a su mano con el propósito de evitar o cercenar la capacidad de vulneración por parte de terceros con relación a su propiedad. En primer lugar iniciar el tema de la querella, además de la información que se le debe suministrar al puesto de Policía más cercano, a la Alcaldía con relación a toda la información que está sucediendo respecto al terreno”, comentó David Rodríguez.
Yendo un poco más allá, el jurista aseguró que hay una variedad de formas de obstrucción del derecho de dominio y los propietarios de los predios rurales deben estar alerta para poder reconocer cuando se están viendo afectados, claridad que solo se consigue accediendo a recursos jurídicos como los implementados por Fedegán.
“A veces nosotros consideramos, porque tenemos esa idea, que las invasiones solamente son las actividades por medio de las cuales terceras personas que no ostentan ningún tipo de derecho bien sea de dominio o de explotación a través del fruto de la tierra son los únicos medios por los cuales se pueda edificar una verdadera invasión, eso no es correcto, tenemos invasión de la propiedad incluso cuando, por ejemplo, de forma arbitraria terceras personas instalan acometidas de servicios públicos domiciliarios sin el lleno de requisitos, es decir sin ser propietarios, también por aquellas personas que dañen o afecten las propiedad privada o irrumpan en esta obstaculizando el tránsito comercial tranquilo y sereno que debería tener”, explicó Rodríguez.
Finalmente, precisó que el proceso de recuperación se inicia con la puesta en conocimiento del asunto en la estación de Policía donde ocurrió el evento, entidad que iniciará los trámites pertinentes para desalojar a los ocupantes ilegales dentro de las 48 horas siguientes a la perturbación, si no es posible por esa vía, el proceso se hace un poco más formal a través de un querella policiva y denuncias en la Fiscalía, llegados a este punto, los propietarios deberán aportar elementos materiales probatorios como testimonios, videos, fotografías, para que el inspector decida sobre el proceso de desalojo.
“Acá la invitación a darle nuevamente un voto de confianza a las autoridades y a los funcionarios que tienen por propósito la guardia y la protección de este tipo de actuaciones, porque mal es el hecho de la invasión y la perturbación de los bienes inmuebles, pero también lo es adoptar vías de hecho; vías en donde el propietario inste a quienes están perturbando e invadiendo la propiedad, se genera un conflicto, en donde por supuesto el resultado no va a ser el más cordial para ninguna de las partes, el descredito de nuestras entidades e instituciones debe fenecer por el efectivo desarrollo, ejecución y conclusión de las situaciones que se promueven ante sus despachos”, puntualizó el jurista.
