La primera línea no es nada distinto a un grupo criminal que incendió el país; fuerte respuesta de Cabal a Petro

Toda una controversia ha generado la propuesta de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) de ceder un hotel en la ciudad de Medellín a los cuestionados miembros de la primera línea. La senadora Cabal manifestó su rechazo total a esta posibilidad.

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) está considerando entregar en comodato un hotel ubicado en Medellín a integrantes de la Primera Línea, grupo que promovió actos terroristas durante el Paro Nacional en mayo del 2021 en diversas ciudades del país.

El presidente Gustavo Petro expresó su apoyo a la Primera Línea señalando que su papel durante las movilizaciones juveniles no debe ser criminalizado en una democracia.

“Declarar la primera línea de las movilizaciones juveniles, que solo defendía a la gente de los gases lacrimógenos disparados al rostro es de una enorme perfidia antidemocrática. Los jóvenes del estallido social son parte de la protesta social y la protesta social en un país democrático no se criminaliza”, publicó en su red social X.

Sin embargo, esta postura ha sido fuertemente criticada por figuras como la senadora María Fernanda Cabal, quien presentó estadísticas alarmantes sobre los actos criminales cometidos por la primera línea, incluyendo daños a la propiedad, agresiones a la policía y pérdidas económicas significativas en varios sectores.

“La primera línea no son nada diferente a un grupo criminal que incendió al país y ayudaron al engaño para que incautos votaran por usted”, respondió en su cuenta de X, la congresista.

Además, reiteró con cifras, las acciones de la Primera Línea que resultaron en miles de casos de violencia, incendios, obstrucción de vías y daños económicos.

“Fueron tipificados por las autoridades 2175 hechos criminales, ejecutados por Primera Línea. 680 casos de daño en bien ajeno.1009 afectaciones a Policías, 996 policías heridos, 3 homicidios, 7 secuestros y 3 torturas”, señaló en un post.

También recordó los 67 incendios provocados contra infraestructura pública, entidades estatales, sector comercial y entidades financieras. Y las pérdidas que se generaron en el comercio por más de $2,2 billones y en el agro afectaciones por más $1,7 billones.