Los despidos de César Méndez, director de Historia Laboral de Colpensiones, y Any Benítez, vicepresidenta del programa BEPS, ponen en evidencia una tendencia alarmante de priorizar la lealtad política sobre la competencia técnica.
La reciente decisión de Jaime Dussán Calderón, presidente de Colpensiones, de despedir a tres funcionarios por su falta de alineación con los ideales políticos de izquierda, plantea serias preocupaciones sobre la politización de una entidad que debe regirse por criterios técnicos y objetivos. Los despidos de César Méndez, director de Historia Laboral; Any Benítez, vicepresidenta del programa BEPS, y una asesora, no solo afectan a estos profesionales, sino que también amenazan la estabilidad y la continuidad de una institución vital para millones de colombianos.
Méndez, con más de 12 años de experiencia, es reconocido como uno de los mayores expertos en historia laboral del país. Su despido, junto al de Benítez, quien aportó más de seis años de servicio, deja en evidencia un fenómeno preocupante como lo es la priorización de la lealtad política sobre la competencia técnica.
Estos despidos parecen reflejar una intención deliberada de Dussán de rodearse de personas afines a su ideología, justo cuando la entidad se prepara para recibir a un gran número de afiliados con la inminente reforma pensional programada para julio de 2025.
“¡Qué peligro el sistema pensional en manos de gente que no sabe nada diferente a ser activistas de izquierda!”, se quejó la congresista María Fernanda Cabal.
El nombramiento de Juan Carlos Hernández, un funcionario con antecedentes en el Ministerio del Trabajo, como reemplazo de Benítez, sugiere que la designación no responde necesariamente a criterios de meritocracia, sino a un compromiso político. Esto es particularmente alarmante en una entidad que debe velar por los derechos de los pensionados y asegurados, independientemente de sus inclinaciones políticas.
La politización de Colpensiones no solo diezma la moral de los empleados actuales, sino que también podría generar desconfianza entre los afiliados, quienes merecen un servicio imparcial y profesional. La independencia de las entidades públicas es fundamental para garantizar que las decisiones se tomen basadas en la experiencia y el conocimiento, y no en la afinidad ideológica.
