Aparece vinculado a una presunta estafa a los familiares de los colombianos detenidos en Haití y ofertante de servicios de consultoría medioambiental a empresas del sector portuario nacional. Un amplio sector del Gobierno piensa que actúa conociendo información privilegiada.
El nombre de Juan Fernando Petro, hermano del presidente, Gustavo Petro Urrego, ha estado en la palestra pública desde que un informe noticioso dejó al descubierto una serie de prebendas que estarían ofreciéndole a extraditables a cambio de respaldar electoralmente al entonces candidato de la Colombia Humana.
Juan Fernando Petro, de acuerdo a los informes de prensa, estuvo reunido en varias cárceles, especialmente en La Picota, presuntamente acordando los beneficios que tendrían en el gobierno de su hermano los capos de la mafia, ese suceso, documentado suficientemente y confirmado por varias fuentes, fue bautizado por la opinión pública como el ‘Pacto de La Picota’.
También apareció referenciado como impulsor del proyecto de Paz Total entre la dirigencia de varios grupos armado al margen de la ley, sin embargo, desde el gobierno siempre se tuvo una respuesta para cada denuncia.
A finales de la semana pasada y comienzos de la que corre, Juan Fernando Petro apareció de nuevo en los titulares de la prensa nacional, vinculado esta vez, a dos casos de presunta corrupción, el uno más grave y amoral que el otro.
El primero de los escándalos en donde aparece el nombre del hermano del presidente, tiene que ver con una presunta estafa a los implicados en el magnicidio del entonces presidente de Haití, Jovenel Moïse el mes de julio de 2021.
Sobre este asunto, se denunció en redes sociales que familiares de los colombianos detenidos luego de ocurrido el asesinato, entregaron dinero a la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, organización no gubernamental a la que estuvo vinculado el hermano del jefe de Estado.
Los denunciantes aseguran haber entregado a la ONG dinero en efectivo para la realización de una visita a la cárcel donde están detenidos los nacionales colombianos y una serie de reuniones y entrevistas con diplomáticos para facilitar la liberación de los detenidos.
«Para esta logística nos pidió un dinero, el cual fue consignado en agosto de 2023 en su cuenta personal, a la que él solicitó, en total fueron $5.400.000 pesos colombianos, del cual tenemos constancia del depósito», aseguraron varias de las presuntas víctimas de la estafa.
Señalaron también que una vez efectuado el desembolso del dinero solicitado, los representantes de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos desaparecieron, llevándose consigo no solo el dinero, sino también la esperanza de poder mejorar las condiciones de reclusión y hasta la liberación de sus seres queridos.
Y el segundo de los eventos, no por eso menos grave, ubica a Juan Fernando Petro en el proceso administrativo mediante el cual se ampliaría la concesión de la operación del muelle 13 en el puerto de Buenaventura, proceso que terminó abruptamente con la anulación de una resolución que ampliaba la concesión y que abre la puerta para una demanda multimillonaria contra el Estado, tal cual ocurrió en la licitación para la fabricación de pasaportes.
De acuerdo con Jorge Espinosa, periodista de la mesa de trabajo del programa 6 A.M. Hoy por Hoy de Caracol Radio, tras conocer los argumentos que dieron al traste con la ampliación de la concesión, Petro se acercó a los interesados para ofrecer ayuda en temas medio ambientales a través de las empresas: Fundación Etikaverde y Corporación selva húmeda.
Esta injerencia de Juan Fernando Petro en asuntos propios del gobierno, tiene molestos a varios Altos Funcionarios, porque consideran que puede traer problemas innecesarios y minar la seriedad con la que se llevan a cabo esos procesos sancionatorios.
