Durante los operativos se incautaron más de 100 metros cúbicos de madera de especies protegidas.
La Fiscalía General de la Nación reveló la judicialización de ocho presuntos propietarios de empresas forestales señalados de almacenar y comercializar madera extraída de forma ilegal en áreas protegidas de los Parques Nacionales Naturales La Paya, Amacayacu y Río Puré.
La investigación, liderada por un fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Ambientales y el Medio Ambiente, permitió identificar a Jesús Edgar Fernández de la Cruz, Neftalí Carvajal Carvajal, Juanito Guillermo Jurado Castillo, Rubén Darío Pantoja Nastascuas, Manuel Salvador Villa Rivera, Héctor Germán Tapias Realphe, Edison Alfonso Cuaical Taimal y José Luis Canacuán Valenzuela como los supuestos responsables de estas actividades ilícitas.
Estas personas fueron presentadas ante un juez de control de garantías y se les imputó el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales, cargo que no fue aceptado por los procesados.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios, los señalados empresarios operaban centros de acopio y distribución en San Miguel (Putumayo) y Cumbal (Nariño), desde donde se coordinaba el transporte de la madera ilegal hacia Bogotá, Medellín, Cali y otras ciudades capitales.
También se documentaron envíos a gran escala hacia Ecuador, todo ello sin los permisos ni salvoconductos exigidos por la ley ambiental.
Durante las diligencias realizadas con el apoyo de la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional, fueron incautados más de 100 metros cúbicos de madera de especies protegidas.
Las autoridades establecieron que las ganancias mensuales derivadas de esta actividad ilegal superaban los 350 millones de pesos.
Además, como parte del mismo proceso judicial, ya fueron imputadas otras 11 personas, entre ellas seis funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Nariño (Corponariño), quienes presuntamente hacían parte del entramado delictivo facilitando o encubriendo las actividades de extracción y comercialización ilegal.
PIE: La Fiscalía continúa con las investigaciones para establecer la totalidad de la red criminal y avanzar en la protección efectiva de los ecosistemas estratégicos del país.
