La periodista, secuestrada y víctima de tortura y violencia sexual en el año 2000, denunció la inoperancia de la Fiscalía. Su decisión pone en evidencia la incapacidad del Estado colombiano para garantizar verdad y reparación en uno de los casos más emblemáticos de violencia contra la prensa y las mujeres en el país.
Como se sabe, la mañana en que Jineth Bedoya fue secuestrada, el 25 de mayo del año 2000, investigaba actividades relacionadas con el paramilitarismo en la puerta de la prisión La Modelo de Bogotá. Diez horas de cautiverio, tortura y violencia sexual marcaron su vida y la historia del periodismo colombiano.
Un cuarto de siglo después, el eco de su voz resuena con una mezcla de cansancio y dignidad: “le anuncio oficialmente a usted, señora fiscal, Luz Adriana Camargo, así como a los honorables jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que desisto del proceso judicial que se sigue por mi caso en Colombia”, dijo con voz firme, pero cansada.
Esta decisión, tomada tras años de procesos judiciales fallidos, amenazas constantes y revictimización institucional, es un golpe seco a la credibilidad de la justicia colombiana, sacudida constantemente por hechos deleznables como ‘el cartel de la toga’. “Dejo constancia ante la comunidad internacional que mi caso está y quedará en la impunidad”, señaló.
La poca acción judicial en este caso ha sido documentada por organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos: solo tres personas han sido condenadas por el crimen, mientras los autores intelectuales permanecen sin ser identificados ni judicializados, una herida abierta que afecta a la periodista y su familia.
“No han sido dados a conocer, no han sido judicializados, no tienen procesos en la justicia colombiana y ese es uno de los puntos de impunidad más fuertes en el caso que indudablemente a mí, a mi familia y a todo mi círculo social nos afecta muchísimo”, aseguró Bedoya.
Sobre este asunto en concreto, organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) han advertido que detrás de esta inacción judicial, hay encubrimiento y protección de agentes responsables. Señalando una alarmante estadística: en Colombia la impunidad en casos de violencia sexual supera el 98%.
Aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia por la violación de los derechos de Bedoya, señalando la discriminación de género en las investigaciones y la falta de protección judicial, la sentencia no ha logrado que el Estado avance en la identificación y judicialización de los máximos responsables.
“El sistema de justicia de mi país no fue diligente ni tuvo la capacidad de resolver un proceso que se ha denominado entre comillas emblemático”, anotó la comunicadora, a quien se le vio notablemente conmovida.
Finalmente, la renuncia de Jineth Bedoya a la justicia nacional es, en sus propias palabras, “un acto de dignidad”. Su caso queda como símbolo de la lucha de las víctimas frente a la indiferencia institucional y como recordatorio de que la impunidad no es solo una estadística, sino una realidad que marca vidas y debilita la democracia.
