El tribunal de justicia transicional señala a tres generales y dos brigadieres generales como máximos responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad. Los incriminados tienen un plazo de 30 días hábiles para aceptar o rechazar los cargos.
La mañana de este martes (8 de abril de 2025) la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP imputó a 28 militares retirados del Ejército Nacional por su presunta responsabilidad en 604 ejecuciones ilegales en la Costa Caribe.
Entre los señalados se encuentran tres mayores generales y dos brigadieres generales, quienes lideraron unidades clave durante el período investigado. Este caso, parte del Subcaso Costa Caribe del Caso 03, confirma la existencia de un patrón macrocriminal que afectó especialmente a comunidades indígenas, niños y mujeres.
Patrón criminal sistemático
La investigación judicial reveló que el 76% de las bajas reportadas por 19 unidades militares en la región entre 2002 y 2008 fueron ilegales. Las víctimas, presentadas falsamente como bajas en combate, incluyen a 31 indígenas de los pueblos Wiwa, Wayúu y Kankuamo, 26 niños y niñas, y 14 mujeres, una de ellas embarazada. Además, se identificaron otros crímenes fuera del período priorizado, como el asesinato de un adolescente en 1995.
En el marco del proceso, los mayores generales retirados Hernán Giraldo Restrepo, Jorge Enrique Navarrete Jadeth y Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, junto con los brigadieres generales Fabricio Cabrera Ortiz y Adolfo León Hernández Martínez, fueron declarados máximos responsables por propagar esta práctica criminal.
Junto a ellos, siete coroneles y otros oficiales y suboficiales enfrentan cargos por homicidio de personas protegidas, desaparición forzada y tortura. El modus operandi incluía dos modalidades principales: señalar falsamente a civiles como miembros de grupos insurgentes y engañar a las víctimas con falsas ofertas laborales para atraerlas a lugares donde serían ejecutadas.
Un caso emblemático es el asesinato de Elibeth Vega Izquierdo, joven indígena Wiwa de 16 años, quien fue presentada como baja en combate tras ser entregada al Ejército por paramilitares. Para las comunidades indígenas, estos crímenes no solo significaron pérdidas humanas devastadoras sino también desarraigo cultural y desplazamiento forzado.
Dentro del auto, la JEP ha ordenado medidas cautelares para proteger sitios forenses donde podrían encontrarse víctimas desaparecidas. Hasta ahora, se han recuperado los cuerpos de 14 víctimas que han sido entregados dignamente a sus familias.
Los imputados tienen un plazo de 30 días hábiles para aceptar o rechazar los cargos. Si aceptan su responsabilidad, participarán en audiencias públicas con las víctimas y podrían recibir sanciones restaurativas. De lo contrario, enfrentarán un juicio adversarial con penas que podrían alcanzar hasta 20 años de prisión.
