El proceso del coronel Carlos Alberto Feria Buitrago, involucrado en este caso, seguirá en manos de la justicia ordinaria y no pasará la Justicia Penal Militar tal como lo había solicitado la defensa.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción presentó ante un juez de control de garantías de Bogotá a tres integrantes de la Policía Nacional, que estarían involucrados en las irregularidades detectadas en la práctica del polígrafo a Marelbys Meza Buelvas, exempleada de la exjefe de Gabinete de la Presidencia de la República, Laura Sarabia Torres.
Se trata del jefe de la Oficina de Protección Presidencial, el coronel Carlos Alberto Feria Buitrago; el jefe de la Oficina de Polígrafos del Grupo de Estudios de Seguridad de Palacio, el capitán Elkin Augusto Gómez Gutiérrez; y el intendente Jhon Alexánder Sacristán Bohórquez.
Los uniformados fueron imputados por los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal. Adicionalmente, al intendente Sacristán Bohórquez le fue formulado el delito de acceso abusivo a sistema informático agravado. Los tres procesados no aceptaron cargos.
Abuso de poder
De acuerdo con la investigación, los funcionarios habrían aprovechado sus cargos, y usado un vehículo y otros bienes públicos para intimidar a la señora Meza Buelvas, limitar su autonomía y someterla a una prueba que vulneró su integridad emocional y personal.
El coronel Feria Buitrago, al parecer, ordenó a sus subalternos realizar lo necesario para ubicar un dinero que se había perdido de la residencia de la exjefe de Gabinete de la Presidencia. En ese sentido, presuntamente, autorizó disponer de una camioneta oficial para trasladar a la exempleada de la señora Sarabia Torres desde Soacha (Cundinamarca) al Edificio Galán, ubicado frente a la Casa de Nariño, donde le realizaron el examen del polígrafo.
A su vez, el capitán Gómez Gutiérrez y el intendente Sacristán Bohórquez son señalados de recibir a la mujer, quitarle el celular y practicarle la prueba, en medio de preguntas que sugerían que estaría involucrada en la pérdida del dinero que buscaban.
Al término del examen de polígrafo, los uniformados le devolvieron el celular, pero tan pronto Marelbys Meza lo tuvo en sus manos y desbloqueó, el intendente se lo arrebató y se lo devolvió una hora después. Al parecer, durante ese tiempo fue extraída de manera ilegal información del equipo móvil.
De acuerdo con la normatividad vigente, la prueba de polígrafo se puede realizar exclusivamente a personas que tienen vínculo laboral con la Presidencia de la República, no a personal externo, como ocurrió en el caso de la exempleada de la exjefe de Gabinete de la Presidencia.
A la justicia ordinaria
María de los Ángeles Díaz, jueza 79 Penal de Garantías de Bogotá, negó la pretensión de la defensa del coronel Carlos Alberto Feria Buitrago de trasladar el proceso a la Justicia Penal Militar.
Marlon Díaz, abogado del oficial, había expuesto que la justicia ordinaria no tenía competencia para continuar con la imputación que propuso la Fiscalía en contra de Feria ya que el organismo que debía juzgarlo era la Dirección de Protección de la Policía Nacional; sin embargo, la togada contraargumentó que no todo comportamiento ilegal que cometa un miembro activo de la fuerza pública tiene que ser procesado por la Justicia Penal Militar como quera que debe existir una relación directa y específica entre los hechos señalados con el servicio, lo que no habría ocurrido en este caso.
Además, señaló la jueza, se puede advertir la vulneración al derecho a su intimidad en el sentido de que como la señora Meza no era funcionaria ni contratista con el Estado, no debía someterse a este análisis.
“Con todo respeto, pero es que acá es una extralimitación de funciones. Ya toca esa vulneración a derechos fundamentales y es allí cuando, según los criterios de la Corte Constitucional, ya no habría nexos entre conducta delictiva y el servicio”, resaltó.
