La decisión del Tribunal Superior de suspender los derechos políticos de la líder opositora por un periodo de 15 años, más que allanar el camino del triunfo de Nicolás Maduro, significa la eliminación total del derecho a participar en elecciones justas y libres que tienen los ciudadanos.
Luego de que en las elecciones primarias de su colectividad, la líder popular, María Corina Machado, obtuviera casi el 95 % de los votos, se conoció un fallo del Tribunal Supremo de Venezuela que la inhabilita para el ejercicio de funciones públicas por un periodo de 15 años.
Esta decisión ha sido entendida por un amplio sector de la opinión pública, como el allanamiento del camino de una nueva reelección para el actual presidente de ese país, Nicolás Maduro, a quien los miembros de la oposición y observadores internacionales acusan de cometer fraude, impedir la realización de un proceso democrático y la instauración de un régimen dictatorial.
Human Rights Watch (HRW), organización internacional creada con el fin de defender la dignidad y promover los derechos humanos, envió a través de la representante para las Américas, una carta al presidente Petro solicitando su intervención pública y privada en favor de la restitución de los derechos políticos de la líder opositora venezolana.
Asegura HRW en la misiva firmada por la colombiana Juanita Goebertus, que la “inhabilitación de Machado, por un período de 15 años, impediría que participe en las elecciones presidenciales que deberían realizarse este año en Venezuela”, hecho que desde la visión de la organización, “amenaza los derechos de todos los venezolanos a participar en elecciones justas y libres”.
La misiva también explica que a través del tiempo, organizaciones defensoras de derechos humanos han registrado situaciones mucho más degradantes y complejas en el marco de las campañas y la jornada electoral como tal.
Está demostrado que las inhabilidades vienen acompañadas de “amplias restricciones al derecho a participar en elecciones justas y libres, incluyendo detenciones arbitrarias, acoso y restricciones a la sociedad civil, la prensa independiente y los opositores políticos”, se lee en la misiva.
Finalmente, le traen a tiempo presente los muchos inconvenientes que él mismo tuvo que soportar por cuenta de una sanción similar, además, advierten que, dado su discurso extenso y profundo sobre la democracia y los Estados modernos, extraña que hasta la fecha no haya intercedido, dada su cercanía con el gobierno venezolano, para dejar sin efectos el antidemocrático fallo.
