Human Rights Watch cuestiona los pobres resultados de la “Paz Total” de Petro

La organización internacional confirma que desde la llegada al poder de ‘Colombia Humana’, los grupos armados al margen de la ley han aumentado en número de hombres y ocupación de territorio, igualmente, critican la poca efectividad para garantizar el acceso a la justicia y la vida de los defensores de derechos humanos.

Varios analistas políticos, congresistas y dirigentes gremiales han denunciado en diversos escenarios que la poca claridad de la política de seguridad del país había permitido el avance de todas las estructuras criminales que operan en el país y se sostienen gracias a las rentas ilegales producto del narcotráfico, la extorsión y el secuestro.

La disminución de la presencia y operaciones militares en ciertas zonas del país, dominadas por grupos al margen de la ley, obedece a una política de gobierno denominada Paz Total, proyecto que busca, según el presidente Gustavo Petro, desescalar el conflicto entablando procesos de negociación con varios actores armados al mismo tiempo.

La Paz Total está fracasando

En la actualidad, el gobierno mantiene activas más de tres conversaciones de paz con grupos armados al margen de la ley y, mesas exploratorias con otros tantos, incluidos grupos paramilitares abiertamente dedicados al narcotráfico y la extorsión.

A pesar del discurso que a este respecto ha venido difundiendo Petro en torno a esto y los alcances de una eventual Paz Total, organizaciones que velan por la defensa y promoción de los derechos humanos como Human Rights Watch, cuestionan la veracidad de las afirmaciones del presidente en ese sentido y encienden las alarmas en torno al cumplimiento de Acuerdo de La Habana.

La organización internacional hace una dura reflexión en torno al asunto, advirtiendo que, “el acuerdo de paz de 2016 entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno puso fin a un conflicto de cinco décadas y trajo una reducción inicial de la violencia. Sin embargo, la violencia adoptó nuevas formas y los grupos armados han ampliado nuevamente su presencia en zonas del país. Dos años y medio después de la llegada al poder del presidente Gustavo Petro, su estrategia de “paz total” ha logrado resultados limitados para frenar los abusos de grupos armados contra la población civil”.

Otro de los fracasos que le enrostra al gobierno Petro, tiene que ver con la expansión territorial de grupos paramilitares que operan sin control en gran parte del país y que han sido protagonistas de situaciones complejas como el paro minero en Antioquia y enfrentamientos constantes que generan desplazamientos en zonas rurales y urbanas.

“Numerosos grupos armados operan en Colombia, impulsados por economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal. Estos grupos incluyen al Ejército de Liberación Nacional (ELN), que se formó en los años sesenta; varios grupos “disidentes” surgidos de la desmovilización de las FARC en el 2017; y el “Clan del Golfo”. Este último surgió de la desmovilización de grupos paramilitares a mediados de la década de los 2000 y también se conoce como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)”, se lee en el más reciente informe mundial de la organización.

La criminalidad está desbordada

Human Rights Watch confirma también las denuncias hechas por varios dirigentes gremiales y políticos de oposición en cuanto al terreno que vienen ganando las organizaciones al margen de la Ley en todo el país, las cuales, desde la posesión de Petro, controlan una porción considerable del territorio nacional.

“Los grupos armados siguen cometiendo graves abusos contra la población civil y expandiendo su presencia en todo el país. La fuerza pública y las autoridades judiciales no han protegido de forma efectiva a la población, no han garantizado un acceso suficiente a la justicia ni han logrado avances significativos en el desmantelamiento de los grupos armados. Para junio, el Clan del Golfo tenía presencia en 392 municipios; el ELN, en 232; y los grupos “disidentes” de las FARC, en 299. Estas cifras representan un aumento de aproximadamente el 55 %, el 23 % y el 30 %, respectivamente, en comparación con 2022”, precisa el informe de la ONG internacional.

En esa misma línea, Human Rights Watch pone de presente la incapacidad del gobierno nacional para proteger de los actores armados a quienes desde sus territorios intentan denunciar la documentada avanzada criminal.

“Entre enero y agosto, la OACNUDH recibió 138 alegaciones de homicidios de defensores de derechos humanos y líderes sociales, en su mayoría de personas defensoras de derechos comunitarios, en comparación con 157 alegaciones registradas durante el mismo periodo de 2023. Para septiembre, se registraba un promedio de tres líderes sociales asesinados por semana, según la Fiscalía General de la Nación”, detalla la publicación.

Finalmente, señala que el gobierno nacional y sus delegados para estos asuntos no han podido, a pesar de las muchas concesiones brindadas, lograr la disminución real de la violencia producto de los grupos armados ilegales.

“Durante 2024, como parte de su política de “paz total”, el gobierno continuó negociando con el ELN, con grupos disidentes de las FARC autodenominados Estado Mayor Central (EMC) y Segunda Marquetalia, así como con otros grupos, incluido el Clan del Golfo. El gobierno anunció varios ceses al fuego con estos grupos; sin embargo, los preparativos y la supervisión de estos ceses resultaron insuficientes, y en muchos casos los grupos armados no los respetaron. Además, el gobierno manifestó su interés en negociar nuevos mecanismos de justicia transicional con estos actores armados”, puntualizó el informe de Human Rights Watch.