Grupos ilegales convirtieron al Catatumbo en un laboratorio de coca a cielo abierto

El gobierno nacional aseguró en un decreto expedido para hacerle frente a la crisis humanitaria que la región era utilizada por el ELN para transporte de insumos y droga procesada. La violencia es un problema generalizado en Colombia.

La mañana de este viernes 24 de enero, trascendió a la opinión pública el decreto que declara la Conmoción Interior en la Región del Catatumbo. Esta zona del país es epicentro de una guerra entre guerrillas por controlar, además de los cultivos y rutas del narcotráfico, la frontera con Venezuela.

En las redes sociales ha quedado evidencia de la escalada de violencia que protagonizan las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la cual, a fecha de hoy, deja más de 42.000 desplazados y una cifra de muertos cercana a los 100. En palabras de la defensora nacional del Pueblo, Iris Marín, esta es la peor crisis humanitaria vivida en el departamento de Norte de Santander.

Para hacerle frente a esta situación, Gustavo Petro, cuestionado duramente por un amplio sector de la opinión y la cosa pública tras su reciente visita a Haití, expidió con la firma de todos sus ministros el Decreto 0062 de 2025.

Catatumbo un centro de producción y acopio de droga

“Los municipios de Río de Oro y González están ubicados al sur del departamento de Cesar y constituyen una de las puertas de entrada a la región del Catatumbo, siendo utilizada por el ELN para el tránsito de sus estructuras, víctimas de secuestro, rentas criminales, así como la comercialización y transporte de servicios, bienes e insumos utilizados para el financiamiento de sus actividades. Asimismo, en esos municipios se registra la influencia de redes de apoyo al ELN”, se lee.

Precisa igualmente, que el territorio en comento en un espacio donde interactúan de manera violenta o pacíficamente muchas organizaciones al margen de la ley, dejando al descubierto la debilidad de la actual política de seguridad.

Advierte el Ejecutivo, en la zona hacen presencia el “Frente de Guerra Nororiental del Ejército de Liberación Nacional (ELN), los Grupos Armados Organizados residuales (GAOr) Segunda Marquetalia y Estado Mayor Central, y el Grupo Delincuencial Organizado (GDO) conocido como los Pelusos hacen presencia en la región del Catatumbo” igualmente, señala que “el grupo armado organizado Clan del Golfo intenta ingresar a la misma”.

Otra de las afirmaciones del gobierno Petro en el Decreto O062 de 2025 y que valida las tesis expuestas por políticos de oposición como María Fernanda Cabal, quien ha hecho especial énfasis en la utilización de los diálogos de paz para el fortalecimiento de la producción cocalera.

“Según el reporte para 2023 del Observatorio de Drogas de Colombia del Ministerio de Justicia y del Derecho, los municipios de Norte de Santander pertenecientes a la región del Catatumbo concentraban 43.178,86 hectáreas de cultivos de coca, de las cuales el 63,3 % (27.329,49 hectáreas) estaban ubicadas en los municipios de Sardinata y Tibú”, reconoce el documento firmado por el presidente y su gabinete en pleno y, a renglón seguido observa: “dichos cultivos se han incrementado, habida cuenta de la reactivación del mercado de la coca para fines ilícitos”.

Violencia generalizada

Aunque el decreto busca conjurar la crisis que se presenta en los municipios de Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano, Puerto Santander, Ocaña, Ábrego, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa, El Tarra, Tibú y Sardinata, la prensa da cuenta de situaciones similares en otras zonas del país teniendo como protagonistas a otros grupos armados ilegales.

El pasado fin de semana, un grupo paramilitar hizo circular un video donde anunciaba el inicio de una limpieza social en la ciudad de Santa Marta y, tan solo unas horas después, se atribuyeron la muerte de cinco personas y al menos cuatro atentados sicariales.

Tras un consejo de seguridad, la Alcaldía de santa Marta y la Policía Metropolitana aseguraron que no es una organización de reciente fundación, sino un brazo armado de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, estructura criminal que sostenía ‘mesas exploratorias’ de paz con el gobierno Petro.

Los departamentos de Córdoba, Sucre y el sur de Bolívar también vienen experimentando un aumento significativo en los hechos victimizantes, los cuales tienen como agentes dinamizadores al Clan del Golfo, estructura que según Human Rights Watch, tiene presencia en 392 municipios.

Finalmente, es importante mencionar que el conflicto armado y todas sus formas, dejó de ser un asunto exclusivo de la ruralidad y, se ha desplazado con gran intensidad a las áreas urbanas como Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, las cuales tienen altos índices de criminalidad.