Gremios como Fenalco, Colfecar y Camacol lo califican como una carga insostenible que pone en riesgo el empleo, la inversión y la supervivencia empresarial.
El Decreto 572 expedido por el Gobierno Nacional ha generado una ola de reacciones entre los principales gremios empresariales del país.
La norma, que modifica las tarifas de autorretención en la fuente del impuesto de renta y exige anticipar el pago correspondiente al año gravable 2026, fue presentada como una estrategia para mejorar el recaudo fiscal y combatir la evasión.
Sin embargo, los sectores productivos la consideran una “medida desesperada” que afectará seriamente la liquidez y estabilidad financiera de las empresas.
Desde el Ministerio de Hacienda se defendió la medida, señalando que tiene como fin “facilitar, acelerar y asegurar el recaudo del impuesto sobre la renta y sus complementarios”, pero para los gremios se trata, en palabras del presidente de Fenalco, “de una reforma tributaria disfrazada, desesperada y descarada”.
“A las empresas colombianas, que están exhaustas de pagar impuestos, ahora se les exige desembolsar anticipadamente obligaciones que corresponderían al año 2026. Es un ‘Frankenstein’ tributario que afecta la caja y el capital de trabajo”, denunció Jaime Cabal, presidente de Fenalco.
El dirigente gremial también criticó el trasfondo político de la medida.
“Nuevamente se pone en evidencia la indolencia de un Gobierno acosado por escándalos de corrupción, comprometido con la burocracia creciente y que confunde la técnica económica con la terquedad ideológica”, añadió.
Una de las voces más contundentes fue la del gremio transportador. Colfecar rechazó el aumento de la autorretención del impuesto de renta del 1,1 % al 3,5 % para el sector transporte de carga y mensajería, un alza del 218 % que, según la organización, se impuso sin previo diálogo.
“Esta decisión representa otro golpe que pone en riesgo la sostenibilidad de las empresas de transporte. El Gobierno no abrió espacios de concertación, a pesar de que lo solicitamos desde abril”, afirmó Colfecar en un comunicado.
El gremio advirtió que el sector enfrenta una “coyuntura crítica” por alzas en el diésel, el salario mínimo, los peajes y los costos laborales. Además, denunció una creciente inseguridad vial, los bloqueos constantes y pagos tardíos de los generadores de carga que agravan la crisis de liquidez.
“Están obligando a lo imposible al sector transportador. Anticipar impuestos solo acelera un camino hacia la quiebra”, señalaron.
Desde el sector de la construcción, Camacol también expresó su rechazo, advirtiendo que esta decisión “afecta la caja, el empleo y la reactivación económica”, al imponer cargas sobre ingresos no percibidos y generar incertidumbre tributaria.
“Este decreto es una reforma tributaria disfrazada. Así no se construye país. Se necesita un entorno tributario estable, no nuevas cargas”, expresó el gremio bajo la etiqueta #ConstrucciónEsProgreso.
Los gremios coinciden en que la medida deteriora aún más el panorama económico de sectores productivos que ya enfrentan crecimiento estancado, caída en la inversión y aumento de los costos operativos.
El llamado es unánime: “El Gobierno debe abrir un canal de diálogo técnico e inmediato”, señalaron desde Colfecar, advirtiendo que el impacto de esta decisión podría ser “irreversible” si no se reconsidera a tiempo.
