La incorporación de gas importado y al aumento de los costos de transporte golpeará tanto a las familias como a la industria, incrementando significativamente las facturas de gas.
A partir de este mes de febrero, los hogares y empresas colombianas recibirán un fuerte golpe económico con el aumento de hasta un 36 % en las tarifas de gas natural, un reajuste que afectará a millones de usuarios en ciudades como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Villavicencio, Manizales, Pereira, Armenia, Ibagué, Neiva y Yopal.
Lo más alarmante de todo esto es que el aumento no se detendrá ahí pues se teme que este reajuste permanezca durante un tiempo indefinido.
La factura promedio de gas para una vivienda en Bogotá podría subir hasta los 35.500 pesos, es decir, un aumento de 10.500 pesos más al mes para los hogares más vulnerables.
Este aumento no solo golpea a las familias, sino que también tendrá repercusiones directas sobre la industria y el comercio, que enfrentarán costos más altos para mantenerse operativos.
¿Por qué subirán las tarifas?
Este aumento se debe, según la empresa Vanti, a la incorporación de gas importado y a los elevados costos de transporte debido al cambio de fuentes de suministro.
Con una creciente dependencia del gas proveniente de la Costa Caribe, el precio del transporte se disparó, dado que la distancia entre los puntos de extracción y las grandes ciudades se ha multiplicado por más de tres. Ahora los colombianos pagarán un precio mayor por cada metro cúbico de gas consumido.
Los nuevos contratos de gas, que no solo abarcan el gas importado, sino también los fallidos esfuerzos por encontrar fuentes locales viables, han provocado que las tarifas se disparen. En palabras de John Jairo Contreras, vicepresidente de Vanti, esta decisión no es una opción, sino una necesidad para asegurar el suministro.
“Estamos experimentando un aumento en la prestación del servicio público básicamente porque los contratos que veníamos usando en años anteriores tuvieron vencimiento en 2024 en el mes de noviembre. Se renovaron esos contratos, los campos tradicionales del Piedemonte llanero vienen en un proceso de reducción de su producción y tuvimos que buscar fuentes distintas”, explicó.
Lluvia de críticas
La senadora y precandidata presidencial, María Fernanda Cabal, expresó su contundente rechazo al aumento del 36 % en el precio del gas, tachándolo de un castigo directo a los 36 millones de colombianos afectados por esta medida.
Según la líder opositora, el gobierno de Gustavo Petro, al implementar políticas ideológicas extremas, está destruyendo empleos, frenando el desarrollo y poniendo en peligro la seguridad energética de Colombia. Para la senadora, la eliminación de la exploración y explotación de recursos no constituye una transición hacia un futuro más sostenible, sino un suicidio económico. Además, denunció que el gobierno ha convertido un servicio público esencial en un lujo, sacrificando a los colombianos en aras de una ideología que, según ella, no beneficia al pueblo.
“Aquí el resultado de unos ecópatas que creen que salvarán el planeta con el sacrificio de 36 millones de usuarios de gas natural.
Todos, incluidos los petristas, a pagar más por el gas natural que nos niega el gobierno”, subrayó Cabal.
Otro que se sumó a la lista de críticos fue el congresista Andrés Forero quien no dudó en señalar al Ejecutivo como el principal responsable de este aumento en el precio del gas natural domiciliario.
Según Forero, el gobierno, que previamente había salido a marchar por la dignidad energética, demostró con este aumento que su “dogmatismo e incompetencia” están poniendo en riesgo la economía de los colombianos. «Este gobierno es un circo», sentenció el congresista.
Además, cuestionó la transición energética impulsada por el gobierno, argumentando que su enfoque descarbonizante está golpeando duramente el bolsillo de los más necesitados, mientras se niega a explorar y explotar los yacimientos de gas nacionales. Según él, esta renuncia irracional a aprovechar los recursos naturales solo genera más presión inflacionaria y empeora la situación económica de las familias colombianas.
Por su parte, la congresista Ana Rogelia Monsalve anunció que presentará una proposición para convocar un debate de control político al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, ante la grave situación del futuro energético del país. El llamado de la congresista es exigir que Colombia conserve su autosuficiencia en gas, para evitar más aumentos de tarifas que golpean duramente a la población.
“El gobierno debe una agenda regulatoria que optimice los precios del gas nacional e importado, así como un esquema de transporte que responda a la nueva realidad del mercado”, expresó Monsalve.
