Las movilizaciones de los productores del cereal se han extendido por más de diez departamentos, afectando la movilidad, el abastecimiento y la seguridad alimentaria. El Gobierno reactivó la mesa técnica con productores y anunció regulación de precios, subsidios financieros y acciones contra el contrabando, mientras la Defensoría del Pueblo acompaña las protestas para proteger derechos y evitar una escalada social.
El paro arrocero que estalló a mediados de julio ha paralizado vías clave en Tolima, Huila, Meta, Casanare, Córdoba y otras regiones productoras. La Defensoría del Pueblo reportó bloqueos activos en al menos once departamentos, con afectaciones logísticas valoradas en más de $50.000 millones durante la primera semana, según la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), mientras la amenaza de desabastecimiento y repunte de precios al consumidor es creciente.
Paradójicamente, la crisis no parte de una escasez, sino de una sobreoferta interna: los inventarios de arroz paddy seco alcanzan las 535.000 toneladas, casi el doble del umbral considerado adecuado. Esto ha generado una caída de hasta el 20 % en el precio pagado al productor, ubicando la carga por debajo de los costos de producción y llevando a miles de pequeños agricultores a una situación de inviabilidad financiera.
“Este no es un cultivo más, es una cuestión de soberanía alimentaria. No podemos permitir que los productores sigan vendiendo por debajo de sus costos”, advirtió la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino. Según la funcionaria, el Gobierno propondrá una fórmula de «libertad regulada» que permita fijar un precio mínimo transitorio tanto para el arroz paddy como para el blanco, garantizando márgenes sostenibles sin distorsionar el precio al consumidor.
Activando medidas de choque
Ante el complejo panorama y la férrea posición de los agricultores, el Gobierno Nacional ha desplegado un paquete de medidas que incluye subsidios directos por más de $42.000 millones, alivios financieros, modificación de tarifas por uso de agua para riego, y compras públicas como mecanismo para absorber los excedentes.
Además, se reactivó el Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios (FAIA) con $7.000 millones para apoyar la compra de fertilizantes y semillas. A través de un video colgado en las redes oficiales de la cartera, Carvajalino confirmó que toda la cosecha actual será adquirida por la industria nacional bajo condiciones pactadas, con pagos retroactivos ajustados al precio mínimo que se defina en las mesas técnicas activas. “Esto nos permitirá proteger el ingreso del productor, almacenar el grano estratégicamente y evitar un colapso comercial que afecte al país entero”, explicó la alta funcionaria.
Desde otro de los frentes públicos con incidencia en la problemática y solución, la ministra de Comercio, Diana Marcela Rojas, reconoció que la problemática del arroz es estructural. “Hemos intensificado los operativos contra el contrabando técnico y abierto en zonas clave del país. No vamos a tolerar que arroz de dudosa procedencia entre al mercado legal. La defensa de la producción nacional es también defensa de nuestra seguridad alimentaria”, afirmó.
Siguiendo esa misma línea, también se anunciaron salvaguardias temporales al amparo del artículo 5 de la Ley 101 de 1993, para limitar importaciones que presionan a la baja los precios internos en un contexto de sobreoferta mundial, agravado por la reentrada de India al mercado global.
¿El Gobierno tiene asegurada la sostenibilidad fiscal de los programas?
Algunos analistas y participantes activos de las protestas sostienen que, si bien estas acciones buscan evitar un desplome del sector en este momento coyuntural, el impacto sobre el erario es considerable: solo entre subsidios, compras públicas, alivios tarifarios y líneas de crédito, el Gobierno ha comprometido más de $100.000 millones.
Este gasto se suma a un panorama macroeconómico presionado por un déficit fiscal estimado en 7,1 % del PIB para 2025, por encima de las metas iniciales proyectadas. En ese sentido, expertos en el asunto advierten que los apoyos al arroz podrían sentar precedentes en otros sectores productivos en dificultad, ampliando las presiones sobre el presupuesto sin resolver problemas de competitividad estructural.
“Los subsidios puntuales alivian la coyuntura, pero si no van acompañados de una política sectorial de largo plazo, el Estado queda atrapado en rescates cíclicos”, alertaron desde uno de los frentes de la protesta. A esta preocupación, se suman las opiniones de organismos técnicos como el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) que han insistido en la necesidad de racionalizar el gasto y evitar asignaciones sin sostenibilidad financiera.
De hecho, la propia ministra Carvajalino reconoció que “no se trata solo de transferencias. Estamos construyendo un plan nacional de ordenamiento productivo del arroz que evite volver a este punto”. Así las cosas, no es descabellado el panorama visionado por algunos analistas, quienes observan que muchas de las medidas adoptadas tienen un efecto transitorio, pero no corrigen distorsiones profundas del modelo arrocero colombiano: costos de producción altos, baja diversificación comercial y alta dependencia del mercado interno.
Finalmente, puntualizan que el establecimiento de un precio mínimo regulado puede evitar la quiebra masiva de pequeños cultivadores, pero requiere vigilancia estricta de la Superintendencia de Industria y Comercio para evitar evasión, colusión o especulación. La escalada de los bloqueos ha dejado la lección bastante clara: sin planificación productiva, sin ordenamiento del mercado y sin reformas estructurales, la cadena arrocera seguirá siendo vulnerable a ciclos de crisis como el actual.
