El cumplimiento de esta norma busca evitar que dichas zonas sean olvidadas por las regiones al considerar que su colíndate es la responsable para su manejo ambiental.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó a la Presidencia de la República y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que reglamente los procedimientos de concertación para el manejo adecuado y armónico de las áreas de confluencia de jurisdicciones entre las Corporaciones Autónomas Regionales y el Sistema de Parques Nacionales o Reservas. Esta decisión surgió tras una acción de cumplimiento instaurada por la Procuraduría, ante la falta de respuesta a múltiples solicitudes dirigidas al Gobierno Nacional para establecer estos procedimientos mediante comisiones.
La autoridad judicial destacó que, desde la promulgación de la normativa en 1993, no se ha realizado la reglamentación correspondiente, a pesar de que la competencia sobre la administración del medio ambiente y las jurisdicciones ambientales recae en el gobierno nacional. Según el fallo, esta omisión ha generado un vacío normativo que afecta la preservación de ecosistemas únicos y vitales para la captación de aguas, la protección de suelos y la purificación del aire, elementos esenciales para la identidad cultural y el bienestar de las comunidades locales.
El tribunal también subrayó la urgencia de emitir esta reglamentación para evitar que las áreas de confluencia sean descuidadas o afectadas por actividades comerciales, de explotación o turismo que puedan comprometer su integridad ambiental. En palabras de la decisión judicial, «la conservación de estos ecosistemas incide directamente en la identidad cultural de los habitantes y requiere ser protegida frente a actividades que pongan en riesgo su preservación».
Finalmente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió a las pretensiones presentadas por los procuradores delegados Gustavo Guerrero y Carlos Arrieta, reconociendo la necesidad imperiosa de implementar medidas que aseguren la adecuada gestión y protección de las áreas ambientales compartidas entre diferentes entidades jurisdiccionales.
