El ente acusador reveló una sofisticada red que controlaba y ocultaba propiedades en cuatro departamentos, adquiridas, según las investigaciones, con dinero proveniente del tráfico de cocaína hacia Centroamérica y EE.UU.
La Fiscalía General de la Nación dio un contundente golpe a las estructuras financieras del narcotráfico tras afectar con fines de extinción de dominio 506 bienes avaluados en más de $92.000 millones que pertenecerían a cinco narcotraficantes extraditados a Estados Unidos en noviembre de 2023.
Según la información divulgada por el ente acusador, las propiedades fueron identificadas gracias a actividades investigativas orientadas por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, quien en coordinación con la Policía Nacional desplegó operativos simultáneos en múltiples municipios de los departamentos de Cauca, Meta, Risaralda y Valle del Cauca.
El patrimonio incautado incluye un amplio catálogo de bienes distribuidos estratégicamente en varias regiones del país: 42 inmuebles; 17 vehículos; 443 semovientes; 2 sociedades y un establecimiento comercial.
«Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que estos habrían sido adquiridos con dineros producto del envío de cargamentos de cocaína por vía marítima desde los puertos de Buenaventura y Cartagena con destino a países de Centroamérica y Estados Unidos», señaló José Iván Caro Gómez, director Especializado de Extinción del Derecho de Dominio.
La nota de prensa destaca que, durante las investigaciones, las autoridades descubrieron que los presuntos dueños de estos bienes estaban implementando sofisticadas estrategias para evadir el rastreo oficial de sus propiedades.
«En las verificaciones se estableció que los posibles propietarios estarían realizando maniobras comerciales para enajenar, vender o transferir la titularidad de los bienes a terceros, y así evitar que fueran rastreados por las autoridades y ocultar su origen ilícito», explicó la Fiscalía.
Finalmente, la entidad confirmó la imposición de medidas cautelares y que los elementos materiales incautados serán administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad vinculada al Ministerio de Hacienda.
