Fiscalía imputó al exsecretario de Deporte de San Andrés por presunta malversación de fondos

Germán Pacheco Hawkins, enfrenta cargos por peculado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. El ente acusador sostiene que, en 2014, el funcionario autorizó el giro de 41 millones de pesos para un campeonato de balonmano que nunca se realizó, amparado en documentos presuntamente falsificados.

A través de un comunicado de prensa, la Fiscalía General de la Nación informó que hizo oficial la imputación de cargos contra Germán Pacheco Hawkins, exsecretario de deportes de la Gobernación de San Andrés, por su presunta participación en un esquema de corrupción relacionado con un convenio deportivo firmado en julio de 2014.

Según el ente investigador, Pacheco Hawkins habría autorizado el desembolso de $41 millones a una empresa privada para la organización del primer campeonato femenino y masculino de balonmano del archipiélago, evento que debía reunir a 20 equipos de diferentes barrios entre el 4 y el 10 de agosto de ese año.

Las pesquisas adelantadas por personal especializado y Policía Judicial, revelan que la contratación se realizó sin cumplir los requisitos legales exigidos, como la elaboración de estudios previos que justificaron los costos y la verificación de la existencia real de los equipos participantes. Además, durante las fechas estipuladas para el torneo, ya estaban programadas otras actividades deportivas similares, lo que pone en entredicho la viabilidad del evento.

Pese a que los recursos fueron transferidos, la Fiscalía comprobó que el campeonato nunca se llevó a cabo. Para aparentar la ejecución del contrato, se habrían elaborado actas de liquidación falsas, configurando así el delito de falsedad ideológica en documento público.

Voceros de la Fiscalía recalcaron que estos hechos constituyen una grave afectación al patrimonio público ya la confianza ciudadana en la administración departamental. La defensa de Pacheco Hawkins ha rechazado las acusaciones, argumentando que existen motivaciones políticas detrás del proceso. Sin embargo, las pruebas documentales y testimoniales recabadas parecen contundentes.