El negocio jurídico, suscrito en 2017, fue objeto de investigación por falta de planeación y presuntas irregularidades que llevaron a su ampliación en tiempo y aumento presupuestal. Edgar Martínez Romero fue imputado por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
A través de un boletín de prensa, la Fiscalía General de la Nación informó sobre el desarrollo de la audiencia de acusación en contra de Édgar Enrique Martínez Romero, exgobernador del departamento de Sucre, a quien se le sigue un proceso penal por presuntas irregularidades en la contratación del Plan de Alimentación Escolar (PAE) durante su administración.
El contrato cuestionado por el ente acusador fue firmado el 5 de junio de 2017 y tenía como propósito suministrar complementos alimenticios a estudiantes menores de edad en los 25 municipios del departamento. Según el boletín, Martínez Romero permitió que el proceso contractual avanzara sin una planeación adecuada, evidenciando múltiples anomalías.
Los delegados de la Fiscalía precisaron en la diligencia judicial que formalizó los cargos contra el exservidor público, que se identificaron la falta de estudios previos rigurosos, inconsistencias en los pliegos de condiciones y una valoración parcializada por parte del comité evaluador, situación que a juicio de los investigadores favoreció a un oferente que no cumplía con los requisitos establecidos.
Uno de los cuestionamientos más severos que se le hacen al exgobernador tiene que ver con la extensión injustificada del contrato y a su vez, el valor. Sobre este asunto en concreto, el fiscal que dirige la investigación aseguró que el costo total ascendió a $27.387 millones, debido a gastos adicionales en administración, personal de apoyo e interventoría.
Asimismo, detectó que la liquidación del contrato en marzo de 2018 careció de las firmas del supervisor y del gobernador en funciones, lo que contraviene los procedimientos legales.
Por esas actuaciones presuntamente irregulares y sus resultados lesivos para el erario, la Fiscalía 11 delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputó a Martínez Romero el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, basándose en los elementos materiales probatorios recabados durante la investigación.
