Desde el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) denuncian que la incertidumbre de cumplir con el recaudo programado por temas de litigio pone en riesgo la financiación de los gastos estructurales a los cuales pretendía cubrir. Congresistas reclaman por incumplimiento a promesas de campaña.
Luego de una discusión que se prolongó por más de ocho horas, la plenaria del Senado aprobó el Presupuesto General de la Nación para el 2024, presentado por el gobierno Petro por valor de $506 billones, los cuales servirán para financiar los gastos de funcionamiento ($310 billones), servicio de deuda ($95 billones) e inversión ($24,1 billones).
Ministros y congresistas afines al gobierno de Gustavo Petro, celebraron el respaldo obtenido por esta propuesta en el Legislativo. Uno de los primeros en destacar hacia dónde se dirigirán los recursos a partir del otro año, fue el representante David Racero.
“El primer sector con mayor presupuesto de este Gobierno para 2024 es educación. Respondiendo a compromisos de campaña y sobre todo respondiéndole a la juventud de Colombia que quiere estudiar. El segundo sector es el de salud y protección social, la apuesta de este Gobierno justamente en la política que se pretenderá implementar con la reforma a la Salud”, dijo durante la intervención de la discusión, David Racero, representante a la Cámara.
Jhenifer Mojica, ministra de Agricultura, también comentó positivamente la aprobación de Presupuesto General para el año 2024, además, agradeció el aumento significativo de los recursos para su cartera la próxima vigencia.
“Gracias al Honorable Congreso de la República por aprobar el presupuesto más alto en la historia de Colombia que ha tenido el @MinAgricultura. El presupuesto para el agro en 2023 dobló el del año anterior, y el de 2024 vuelve y lo dobla. Sin duda, la apuesta más ambiciosa del Gobierno del Presidente @petrogustavo logró un importante espaldarazo #LaReformaAgrariaEsImparable”, trinó la ministra.
El Gobierno Nacional explora caminos peligrosos
A pesar de la felicidad que embarga a los miembros del gabinete presidencial y a quienes los respaldan en el Congreso, varios analistas económicos consideran que existe un enorme riesgo de que varias de las iniciativas y programas proyectados para el próximo año queden desfinanciados.
Andrés Velasco, director del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), precisó en la plenaria del Senado las situaciones problemáticas que la entidad que preside encontró al estudiar en detalle el documento y que según él, podrían dar al traste con muchos planes de inversión programados para el 2024.
“Hay un rubro que se llama arbitramento de litigios, en la presentación que se hizo en el marco fiscal de mediano plazo, que corresponde a una estrategia que es deseable para las finanzas públicas y es adelantar el recaudo potencial de unos recursos que están en litigio judiciales, usualmente esos esos litigios se demoran entre 8 y 10 años en solucionarse: eso es lo que demoran la nación en adquirir esos recursos”, fue la primera de las observaciones hechas por el CARF.
Según los análisis hechos por la mencionada entidad, es imposibles desde todo punto de vitas que la Nación cumpla con el recaudo proyectado por la puesta en marcha de la estrategia de resolver los litigios vía conciliación para acelerar el ingresos de los recursos a las arcas públicas, y señala además, que esta modalidad tiene un problema adicional a las inseguridades procesales: una vez terminado el litigio, los dineros ingresan directamente a los sectores donde se originó el pleito.
“Nosotros tenemos conocimiento de que sí existen cerca de 28 billones de pesos de un acervo de proyectos de litigios que se están programando la mitad: $15 billones, para financiar el Presupuesto General de la Nación en el año 2024; nosotros observamos que esos 15 billones de pesos no son recursos estructurales, no son recursos permanentes, no son recursos que se pueden reproducir año tras año”, explicó Andrés Velasco.
Sobre este caso concreto, el experto anotó que es altamente riesgoso para las finanzas públicas registrar en el presupuesto general de la Nación como recursos estructurales, dineros inciertos o imposibles de garantizar en el tiempo.
“En el espíritu de la sostenibilidad fiscal, uno debería programar gastos permanentes, gastos estructurales, financiados por ingresos estructurales. [Como está redactada la norma], podría llegarse a financiar gastos estructurales con activos no estructurales, incumpliendo la regla fiscal. Que el presupuesto incumple la regla fiscal, no es cierto, la único cierto es que si se perfeccionan estos ingresos que son temporales, que no son estructurales, para financiar gastos estructurales, se daría un incumplimiento a la regla fiscal”, advirtió el director del CARF.
Congresistas denuncian incumplimiento en promesas de campaña
Adicional a lo denunciado por Andrés Velasco en torno la posibilidad de violar la regla fiscal, varios congresistas dejaron ver su malestar con el Gobierno Nacional, pues, algunos de los aumentos presupuestales prometidos para apalancar ciertos sectores brillaron por su ausencia.
Uno de los que puso sobre la mesa las zonas grises de la iniciativa aprobada, fue el senador por Cambio Radical, David Luna, quien insinuó en sus palabras que la disposición de la institucionalidad para mejorar la calidad de vida de los colombianos solo está en los discursos que se pronuncian en las plazas públicas, porque no quedaron respaldadas con dinero.
“El presupuesto de 2024 es de cuentas alegres, no ataca el decrecimiento de los sectores que tanto ha advertido el DANE y no responde a la crítica situación económica que atravesamos. El comercio ha crecido solo el 0,6%, la industria manufactura un 0,5% y la construcción 0,2%. Y aún más grave: la inversión regional estará limitada. El departamento de La Guajira quedó en los últimos eslabones y a Bogotá le recortaron 2 billones de pesos”, sentenció Luna.
Por su parte, Jhonatan Pulido Hernández, conocido como JotaPe Hernández, criticó que un porcentaje importante de los más de $500 billones aprobados, se destine para el sostenimiento de la gran máquina burocrática en la que dice, se ha convertido el gobierno de Gustavo Petro.
“Tanto en el Senado como en la Cámara se está probando un presupuesto superior a los 502 billones de pesos, un 19 % mayor que el presupuesto del año 2023. […] El 18 % para deuda y el 19 para inversión, el porcentaje más pequeño. De 502 millones, 308 se van en arrendamientos de predios, para funcionamiento del gobierno, compra de equipo, materiales y suministros, pago de nómina de personal, transporte viáticos innumerables contratos que sean producto de esta burocracia”, cuestionó el senador por la Alianza Verde y Centro Esperanza.
Finalmente, Jheniffer Pedraza, representante a la Cámara por Dignidad y Compromiso, reclamó que con la anuencia de la bancada de gobierno se hundiera la proposición que buscaba dar más recursos para la ciencia y la innovación.
“Por dos votos se hundió la propuesta de aumentar el presupuesto de @MincienciasCo. La mayoría de los senadores del @PactoHistorico se opusieron. En campaña prometieron 0,5% del PIB para este sector. Prometer para llegar, y una vez arriba… olvidar lo prometido. @petrogustavo”, posteó Pedraza en su cuenta en la red social X.
